P. Rico-Someterán nueva legislación para mejorar acceso a la información pública: incluirá desde tiempo límite para las agencias hasta penalidades

San Juan, 25 feb (INS).- El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz González, aseguró que se encuentra “un paso más cerca” de someter una nueva legislación que mejore el acceso a la información pública, como resultado del proyecto Diálogo de Transparencia Gubernamental.

El legislador informó que en marzo debe arrancar el proceso de audiencias públicas sobre la nueva legislación tras culminar las mesas de diálogo que efectúa desde la pasada sesión legislativa, con el fin de auscultar la probabilidad de enmendar o derogar la Ley de Transparencia (Ley 141 de 2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno (Ley 122 de 2019).

La iniciativa contó con la participación de agencias, gremios periodísticos y organizaciones sin fines de lucro que han rechazado la implementación de ambos estatutos, pues señalan que, en lugar de facilitar el acceso a información pública, crearon más obstáculos.

“Como hicimos en las mesas anteriores, nos vamos a llevar lo que se discutió aquí hoy. Vamos a trabajar en incorporar esas observaciones en un borrador. Vamos a hacer vistas públicas, pero antes de hacerlas vamos a enviarles el borrador”, indicó Ortiz González a una decena de deponentes.

El representante detalló en la reuniónn de ayer ocho aspectos principales que se recogieron en las pasadas mesas de diálogo y que encaminarán la nueva legislación: la derogación o enmiendas a las Leyes 141 y 122, alcance y aplicación a las tres ramas de gobierno (con extensión a terceros que custodian documentación pública) y establecer que las entidades encargadas de implementar la legislación serán el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR). El IEPR, específicamente, será la agencia facultada para implementar la política pública.

Además, se pretende añadir una nueva sección de definiciones, educir la cantidad de excepciones establecidas en la Ley 122 para la divulgación de datos públicos, sumar categorías de documentos que deberán ser divulgados proactivamente y reducir a cinco días laborables, con prórroga de cinco días adicionales, el tiempo límite para que una agencia o entidad gubernamental entregue información debidamente solicitada. 

A su vez, se busca incluir penalidades por incumplimiento desde 500 hasta 1,000 dólares.INS

lp