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Una imagen de la audiencia pública./Inter News Service
San Juan, 25 feb (INS).- La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz Gonzalez, celebró una audiencia pública para atender las resoluciones de la Cámara 527 y 197, que investigan el concepto de sistema en bloque (“blockchain”) para el sistema de almacenamiento gubernamental y el funcionamiento administrativo y organizacional de las instrumentalidades públicas, respectivamente.
La audiencia pública recibió ponencias explicativas de la empresa Bartizan Security (BS) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico.
El cofundador de la empresa BS, Jorge Andújar Rosado, aseguró que para implementar un sistema en bloque para el almacenamiento gubernamental y la aprobación de la utilización de monedas digitales (criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico, requerirá una mayor y debida diligencia por parte del gobierno y reguladores para identificar la procedencia de los recursos y los beneficiarios finales.
“Recomendamos que toda política relacionada a la adopción de las criptomonedas vaya a tono con la dirección de la Casa Blanca, los esfuerzos del Anti-Money Laundering Act 2020 y los riesgos descritos en esta acta. También recomendamos no considerar la adopción de las criptomonedas bajo un marco legal ‘criollizado’ del concepto de ‘curso legal’ similar al gobierno de El Salvador, que además de no ser visto con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional, tampoco es bien visto por el gobierno de los Estados Unidos”, dijo el experto.
Según el especialista, “tenemos que tener presente que nuestro país está sujeto a las políticas monetarias de la Reserva Federal y a la normativa Federal de Antilavado de Dinero”.
La ponencia escrita de la empresa Bartizan Security declaró que “para adoptar las criptomonedas responsablemente, los esfuerzos deben contener principios de un enfoque basado en riesgos para identificar, medir y mitigar todos los riesgos asociados a establecer el marco legal para su aceptación como medio de pago legítimo en el Gobierno, ya que puede facilitar que el dinero producto de actividades ilícitas sea integrado y lavado a través de las organizaciones gubernamentales”.
Según el fundador de la empresa y analista de ciberseguridad, José Arroyo, uno de los mayores riesgos de la adopción de las criptomonedas como medio de pago, es el pseudoanonimato que provee el “blockchain”.
“Cuando una tecnología hace posible intercambiar valor sin requerir una autoridad central, podemos traducirlo a ‘falta de supervisión’. Esta falta de supervisión es explotada por los criminales para cometer fraude, evasión, lavado de dinero, financiación del terrorismo, desarrollo de armas de destrucción masiva y evadir las sanciones”, mencionó el ejecutivo.
La resolución de la Cámara 527, sometida por el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, propone la posibilidad de que se establezca un marco legal que viabilice la utilización de las criptomonedas como un método de pago legítimo en toda transacción individual, comercial o gubernamental.
Al mismo tiempo, los expertos en asuntos cibernéticos, mencionaron que el sistema de bloque “no es una píldora mágica”.
Arroyo destacó en su ponencia escrita que la electricidad es un recurso esencial para desarrollar un sistema de bloque.
“Es de conocimiento general que Puerto Rico paga el vatio más caro del mundo. Un ejemplo, sobre cuánto consume un ‘blockchain’ podemos verlo en Dinamarca. Uno de sus sistemas más eficientes reportó en agosto del 2021 un consumo de electricidad de 130 terawatt, esto en Puerto Rico a .29 kilovatio hora representaría un costo de 38 mil millones para sostener la energía que consume el bloque”, comentó.
Agregó que “la modalidad de los propulsores de esta tecnología es comparar a Puerto Rico con Colombia. Pero no podemos compararnos con Colombia, ya que ellos tienen sus propias reservas de petróleo, y el costo de la generación de energía para mantener el blockchain no es un punto para considerar”.INS
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