P. Rico-Piden que se investigue la operación de las canteras del país debido a uso de explosivos, incesante paso de camiones y presencia de polvos fugitivos

Una cantera de Manatí./Facebook

San Juan, 8 dic (INS).- El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wilson Román López, solicitó a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes que comience un proceso de audiencias públicas sobre la resolución de la Cámara 169, la cual persigue realizar una investigación sobre la legislación y la reglamentación de las canteras en Puerto Rico, las consecuencias medioambientales de la operación de estos lugares y los efectos en las comunidades cercanas.

“Esta medida es bien importante por muchos factores. La operación de estas canteras tiene que ser evaluadas para ver, no sólo si cumplen a cabalidad con las regulaciones existentes, tanto a nivel estatal como federal, sino también para estudiar la necesidad de nueva legislación dirigida a fomentar la conservación del medioambiente y las comunidades aledañas a las mismas”, comentó Román López.

La pieza legislativa, sometida en enero del presente, fue aprobada el 29 de abril por el cuerpo legislativo y asignada a la comisión. 

Las canteras, por definición, son explotaciones mineras que se llevan a cabo a cielo abierto.

De las canteras generalmente se obtienen variedades de arena, piedra caliza o agregados, por citar algunos ejemplos, y son indispensables para la construcción de la infraestructura de la Isla. 

“La extracción de los recursos mineros es una industria altamente reglamentada pues los peligros que conlleva y lo limitado de los mismos, los reviste de un interés estatal apremiante”, dijo el político.

Agregó que, “en Puerto Rico, el desarrollo desmedido da lugar a paradójicos encuentros entre comunidades y las propias industrias que las crearon. La escasez de viviendas y la explosión poblacional de los años noventa llevaron a la formación de comunidades en zonas vulnerables a la contaminación ambiental. Al presente, son cientos de miles de familias las que se enfrentan a tener que vivir bajo los efectos de operaciones mineras que no cumplen con la normativa gubernamental”. 

Además, alertó que “el uso de explosivos, el incesante paso de camiones y la presencia de polvos fugitivos, ponen en peligro la salud y la seguridad de las comunidades circundantes. Es ante esa realidad que se amerita investigar para asegurarnos que las agencias que reglamentan este asunto, estén cumpliendo con su deber ministerial de velar por el bienestar de nuestros ciudadanos”.INS

lp

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