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Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del MVC en el Senado./Inter News Service, archivo
San Juan, u7 dic (INS).- Los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sometieron hoy un proyecto de ley (692) para prohibir los acuerdos de arbitraje unilaterales en los contratos de empleo, por ir en contra de los derechos de la clase trabajadora.
«En Puerto Rico, siempre ha existido una fuerte política pública de protección a las personas trabajadoras ante las claras ventajas que tienen los patronos sobre dicha población. La misma se encuentra plasmada, no solo en nuestras leyes laborales, sino que también en nuestra Constitución. Es el deber del Estado mantener un balance justo entre los derechos de los patronos y los derechos de la masa laboral puertorriqueña», expresó la Rivera Lassén, portavoz del MVC en el Senado.
La legisladora agregó que “cuando surge alguna situación que altera dicho balance y puede, potencialmente, dar paso a situaciones injustas, es nuestra responsabilidad intervenir. Una reciente decisión del Tribunal Supremo, Aponte Valentín y Otros v. Pfizer Pharmaceuticals, permite que la relación obrero-patronal sea modificada unilateralmente por el patrono, y como si fuera poco, adjudica los gastos del procedimiento de arbitraje al empleado o empleada”.
Según la política, “el resultado de dicha determinación inclina la balanza de poder de manera desmedida hacia el patrono. Esta decisión mancilla los derechos de la clase trabajadora y constituye una interpretación errónea del derecho aplicable que debemos corregir mediante legislación. Las políticas públicas a favor del arbitraje deben ser cónsonas con las normas contractuales del derecho puertorriqueño”.
El proyecto del Senado 692 busca enmendar la Ley 4 de 2017 (Reforma Laboral) para requerir el consentimiento expreso, tanto del patrono, como de las personas empleadas, para poder realizar modificaciones a los contratos laborales.
Simultáneamente, la medida persigue proteger de represalias a las personas trabajadoras que rechacen las modificaciones propuestas.
El requerimiento de consentimiento expreso será aplicable, incluso, a toda modificación contractual que pretenda incorporar cláusulas de arbitraje para atender reclamaciones incoadas bajo la Ley de Despido Injustificado (Ley 80 de 1976), Ley Contra el Discrimen en el Empleo (Ley 100 de 1959) y Ley de Salario Mínimo (Ley 180 de 1998).
Para Bernabe Riefkohl, «no es aceptable que se alteren los términos de la relación obrero-patronal sin el consentimiento de la persona empleada. Permitir que eso ocurra sería acentuar aún más la desigualdad en las relaciones obrero-patronales».
La pieza legislativa cita la opinión disidente del juez asociado Estrella Martínez respecto a que un pacto contrario a los valores del derecho al trabajo y estatutos protectores del empleo es contrario al orden público, opinión con la que la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl coinciden.INS
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