R. Dominicana-Procuradora general asegura que persigue la corrupción administrativa y al crimen organizado sin dejarse arrastrar por el populismo penal

Santo Domingo, 2 dic (INS).- La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que ha procurado que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, sin obviar la atención debida a los casos ordinarios y explicó que el primer reto que ha debido afrontar al asumir la función ha sido la restauración de la confianza pública en la institución, sin dejarse arrastrar por el populismo penal.

Indicó que uno de los principales retos de ese organismo es racionalizar la persecución penal y dar relevancia a soluciones no punitivas, en los casos que lo ameriten, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido, y, al mismo tiempo, fortalecer la batida estratégica de los delitos más gravosos, como la corrupción administrativa y el lavado de activos.

Señaló que una de las principales exigencias de la sociedad dominicana es el seguimiento de las personas que incurren en irregularidades o fraudes contra el erario. Aseguró que la participación del Poder Ejecutivo a lo interno de la Procuraduría General de la República se limita jurídicamente a la escogencia del titular y la mitad de sus adjuntos, ya que no interviene en la selección de quienes dirigen a ese ente en las regiones, fiscalías y ámbitos especializados, sino que éstos han de ser elegidos de entre miembros de la carrera conforme al escalafón, y en base a los criterios de méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo de servicio.  

“La persecución de la criminalidad gubernativa, para usar la terminología de Luis Díez-Picazo, representa uno de los retos más difíciles para el Ministerio Público porque suele estar signada por la crítica de la presunta persecución partidista, con la que se pretende desarmar cualquier escrutinio de la gestión de exfuncionarios públicos. Se denuncia −o, si se prefiere, se anuncia− el riesgo de consagrar propósitos espurios y la falta de imparcialidad en el ejercicio de la acción penal”, dijo.

Germán Brito participó como invitada especial al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) donde analizó el tema “Trasformación del  Ministerio Público a la luz de la nueva visión institucional”.

Destacó que la independencia funcional y el principio de objetividad del órgano hostigador de los delitos “cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria en la persecución penal de la corrupción, para derribar las inmunidades del poder y orientar el poder de acusar conforme a Derecho, sin distinciones políticas, sociales o económicas”. 

Expuso que es inaceptable que la acción penal pueda ser instrumentalizada para neutralizar a los perdedores en una contienda política o garantizar la impunidad de los hechos delictivos cometidos por los funcionarios en ejercicio.

Consideró que ese organismo “debe ser un celoso guardián de la cosa pública y no puede tener amigos ni enemigos, para traducir a la acción de la justicia penal a quienes traicionen la confianza depositada para ejercer una función pública. No puede haber paños tibios ni maltratos, ni encono ni indulgencia, sino la firme determinación de procurar, en el marco del debido proceso, que jueces independientes e imparciales determinen la responsabilidad penal de quienes se apropien ilícitamente de los recursos públicos”.

Germán Brito, quien también fue jueza de la Suprema Corte de Justicia, precisó que la misión del Ministerio Público no debe significar una desconexión con las víctimas, rostros primarios de la sociedad en el proceso penal, y quienes han sido objeto de manera más directa del daño producto del delito que se pretende sancionar porque eso amerita que los fiscales “tengan la suficiente empatía al brindar sus servicios para no generar mayores malestares de los que ya atraviesan el ofendido y sus familiares, quienes no escogieron ser víctimas”.

“Una desconexión con la víctima implicaría su revictimización, convirtiendo en utópica la justicia alcanzada, puesto que, quien sufrió el agravio en primera persona no es finalmente quien fue satisfactoriamente resarcido y no siente que en su caso particular se hizo justicia, en especial, si partimos del costo no solo económico, sino emocional que supone el proceso penal y las situaciones que lo acompañan”, resaltó..

La procuradora manifestó que “aspiramos a cumplir con nuestra obligación de garantizar de manera efectiva los derechos de la víctima, lo que supone escucharlas, suministrarle la información necesaria sobre los mecanismos que facilitan la reparación del daño que le fueron ocasionados y, en la medida de lo posible, determinar cuál es su interés en el proceso penal, para que puedan tomar decisiones informadas en el curso de los procesos”.

Dijo que el reto que tiene delante cómo continuar implementando estrategias de contención del poder represivo que respondan adecuadamente a la demanda de pacificación social y que respeten los derechos de las víctimas, facilitando la comprensión integral de los mecanismos puestos a su disposición. INS 

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