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Santo Domingo, 2 dic (INS).- El gobierno dominicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respeta el principio de no devolución en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política y nacionalidad.
Aclaró que ese postulado no aplica para el caso de las parturientas haitianas indocumentadas que se están deportando “ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular”.
“En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna”, se informó a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en el cual se fija posición respecto a la postura presentada por el organismo internacional que demandó el cese de las deportaciones de embarazadas haitianas indocumentadas, realizadas por la Dirección General de Migración (DGM). .
Dijo Mirex especificó que ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, “República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.
En el documento se hace un desglose de la cantidad de madres de esa nación que han sido atendidas en los centros médicos desde el 2018 al 2021 y hace la salvedad de que el país no está en condición de suplir las necesidades de esas personas ya que esa es una corresponsabilidad de la comunidad internacional.
Explica que el deterioro institucional del cercano pueblo, sobre todo a partir de 2019, “ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes hacia el suelo dominicano, entre ellos embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee”.
“En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad dela red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021”, precisa el comunicado.
Destaca que “lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad y violencia extrema que motiva a muchos de sus ciudadanos a buscar servicios básicos fuera de ese país. Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino”.
Afirma que ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en el país”.
“Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las circunstancias actuales”, dice el escrito.
Agrega que la normativa internacional sobre los migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales.
Apunta que “de lo que se trata, en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”.
Señala que “las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia al país, la región y el mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes”.
Invitó a la CIDH a consultar con las autoridades nacionales, de manera oportuna, las situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas para, a través de los canales oficiales, suministrar las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no verificadas. INS
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