P. Rico-Repartir el dinero público para la electrificación del país no es el propósito que se dijo perseguir con la privatización (análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 2 dic (INS).- Preocupa que el propósito subyacente bajo la privatización del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica de Puerto Rico sea repartir gran parte de dinero público destinado a la energización eléctrica del país a lo ancho del sector empresarial y comercial privado.

LUMA Energy asegura que cuando se hizo cargo del manejo del sistema de transmisión y distribución de energía de Puerto Rico el 1ro de junio de este año, en el inventario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había unos 2,000 vehículos de flota, cuyo paradero se desconocía.

Aunque el consorcio tuvo un año para hacer la transición con la AEE, dicen que no se habían percatado de que faltaban vehículos de flota, según establecen en el primer informe trimestral ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

La privatizadora indica que durante tres meses fueron encontrando las unidades y que al 30 de septiembre todavía había 960 vehículos de los que no sabía el paradero. En esa cifra hay una discrepancia, pues en una tabla dentro del documento, el número de unidades alegadamente extraviadas, cambia a 894.

Alega LUMA Energy haber heredado muchos vehículos que eran inoperables, dañados o inseguros para conducir, así como otros que no se contabilizaban.

Lo que levanta suspicacia es que el problema en el inventario de vehículos que LUMA Energy alega existe pueda ser más bien una excusa para justificar la decena de contratos que tiene para el alquiler de vehículos. Entre LUMA Energy y la empresa Alter Worldwide Rental Services del Caribe, con sede en Alabama, hay 13 contratos que totalizan $9.2 millones para el alquiler de guaguas, camiones y equipo pesado.

En el ámbito público como corporación estatal se hace mucho más restrictiva la otorgación de tales contrataciones, por lo que la privatización es el ardid para que ese dinero en manos gubernamentales escape a manos de la empresa privada mediante contratos de esta índole.

Si repartir entre el capital privado el dinero público destinado a la energización eléctrica del país y por cuyo servicio pagan los abonados al servicio eléctrico, entonces el objetivo de mejorar y modernizar la electrificación del país mediante la privatización, bajo el precepto de que en manos privadas se logra más eficiencia, pierde todo sentido y no es más que una artimaña para escamotear las arcas del gobierno para beneficio del lucro de intereses privados. INS

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