P. Rico-Insisten los miembros de Comisión Ciudadana que mitad de deuda acumulada por el país fue emitida ilegalmente (Resumen)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 7 nov (INS).- Reitera el sindicalista Roberto Pagán, otrora presidente de la disuelta por las autoridades gubernativas Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 de 2015, que la mitad de la acreencia acumulada por Puerto Rico es deuda emitida ilegalmente, en violación de la Constitución, por lo cual debía ser cancelada por ser nula.

Por su parte, José González Taboada, CPA, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, sostuvo en la conferencia de prensa que “el legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) que propone la Junta de Control Fiscal (JCF) ante la jueza Swain es el aval de sobre veintiuna (21) emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan 13,500 millones de dólares o el 40 por ciento de la deuda a pagar, además del cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de 30,000 millones de dólares en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”.

Ambos coinciden en indicar que con el Plan de Ajuste de la Deuda aprobado por la Legislatura y convertido en ley por el gobernador Pedro R, Pierluisi, “se desiste y renuncia a ese reclamo con terribles repercusiones para el pueblo”.

Quedó en el olvido la moción radicada ante la jueza federal Laura Taylor Swain en el 2019 indicativa de que todas las reclamaciones basadas en bonos de Obligaciones Generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del límite a lo dispuesto constitucionalmente en cuanto al servicio de la deuda y establecido en la cláusula de presupuestos balanceados.

De ahí la insistencia de que los bonos son nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado, a tono con lo que se disponía en esa moción radicada ante la jueza federal Swain.

“Sin embargo, en esta octava versión del plan de ajuste de la deuda, y a diferencia de otras versiones anteriores, en este plan no se hace distinción entre deuda ilegal o legal y se le paga, en promedio, 70 centavos de cada dólar de deuda ilegal, obligando a nuestra isla a grandes sacrificios. Por eso, no es de extrañar que el plan cuente con el apoyo total de los principales fondos buitres, porque este acuerdo no es otra cosa que el resultado de las prácticas y estrategias antiéticas de estos especuladores que terminaron comprando la deuda impugnada en medio del litigio y lograron que la Junta desistiera y les hiciera una mejor oferta”, dijo, por su parte, la abogada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.

“Por otro lado, y como advertimos durante las vistas públicas en la Asamblea Legislativa, la confirmación de este Plan de Ajuste de la Deuda implica la renuncia también al derecho de nuestro pueblo de reclamar la devolución de miles de millones en comisiones ilegales contra 20 bancos y firmas de inversión que patrocinaron e incitaron un esquema fraudulento de emisiones de deuda”, expresó, a su vez, González Taboada.

Los integrantes de la Comisión exhortaron al pueblo a oponerse a la confirmación del plan de ajuste de la deuda por los medios que tengan disponibles, enviando cartas a la jueza y participando de la “Jornada se nos Acabó la Paciencia: No al Plan del Tumbe”, que comienza hoy a las 5:00 pm con un campamento y vigilia de pensionados frente al Tribunal Federal y continuará mañana desde las 8:00 am con actividades todo el día. INS

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