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La conferencia de prensa de las organizaciones./Inter News Service
San Juan, 4 nov (INS).- Representantes de grupos comunitarios, ambientalistas y del sector laboral denunciaron que el gobierno pone en peligro a cientos de miles de puertorriqueños al no atender con diligencia los efectos del cambio climático en Puerto Rico.
El grupo que fue convocado por la Alianza para el Manejo Sostenible de los Recursos (AMANESER 2025), una organización que trabaja para ayudar a crear comunidades sostenibles y resilientes expresó su preocupación con relación a la actitud del gobierno, muy en especial con proyectos futuros y el manejo de los dineros disponibles para mejorar la infraestructura del país.
“Sin duda, es fundamental definir con más rigor cómo se va a usar la cantidad billonaria de fondos federales. Si se usan bien, estos fondos pueden servir para crear comunidades más resilientes y sostenibles, más equidad y “Justicia Climática” y una transición justa para nuestros trabajadores. Desgraciadamente estamos observando procesos para el otorgamiento de dichos fondos que podrían terminar beneficiando a empresas y contratistas, muchos de ellos extranjeros y perpetuando modelos clientelistas que sólo servirán para minar los procesos autogestionarios que han comenzado a florecer en muchas de nuestras comunidades”, expresó Juan Rosario, ambientalista y director de AMANESER 2025.
Plantearon que es inaudito como mientras se está celebrado en Glasgow, Reino Unido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CO P26) que tiene el propósito de atender los devastadores efectos del cambio climático, el gobierno de Puerto Rico sigue sin actuar sobre el problema.
El panel integrado por Rosario (director de la agrupación ambiental AMANESER 2025), José Rodríguez Báez ( líder obrero), Juan Camacho, (líder del grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente) y Roberto Thomas (del grupo Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos) afirmaron que los informes científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático son contundentes.
“El cambio climático reducirá dramáticamente la producción de alimentos y abastos de agua en el mundo, sobre todo, en los países tropicales. El proceso de mitigar y adaptarse al cambio climático, la introducción de nuevas tecnologías y la consecuente reorganización de la producción podría desplazar miles de trabajadores, también, poner en desventaja a los ciudadanos que por razones económicas no tengan acceso a nuevas tecnologías. Desde su segunda evaluación, en 1995, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático concluyó que los países más afectados serían las islas densamente pobladas en las regiones tropicales y subtropicales. Tardamos 24 años en pasar una ley para atender los efectos del cambio climático, dos años después todavía no hemos preparado el Plan de Adaptación y Mitigación que la ley mandata”, concluyeron los portavoces ambientales.
La alianza de organizaciones ambientales expuso que la inacción de los líderes gubernamentales aumenta la vulnerabilidad del país, sobre todo, de las comunidades con menos recursos económicos ante los embates del cambio climático.
“La falta de un plan coherente que guíe nuestras acciones en la reconstrucción del país después de los huracanes Irma y María y de los terremotos del 2019 y 2020, no solamente no reduce, sino que aumenta la vulnerabilidad de nuestras comunidades más necesitadas” expresó el director de AMANESER 2025.
Ofrecieron como ejemplo, la manera en que se van a usar los 1.92 billones que se asignaron al Departamento de la Vivienda para hacer más resiliente el sistema eléctrico de Puerto Rico.
“Los modelos que parece favorecer el Departamento de la Vivienda son una garantía de que si un huracán parecido a María nos azota en los próximos dos o tres años la mayoría de los residentes que estuvieron más de seis meses sin electricidad volverán a carecer del servicio en sus hogares. Esto a pesar de que existen modelos que se han probado exitosamente, que cuestan menos de la mitad de lo que cuesta los que favorece el Departamento y que sí pueden producir seguridad energética en menos de los seis años que plantea Vivienda”, sentenció Rosario.
Para Rodríguez Báez, “el problema fundamental es la improvisación y la prioridad de complacer a proponentes de proyectos que no tienen la capacidad de resolver las necesidades de la población en forma permanente. La falta de una buena planificación con la participación de las comunidades crea un serio problema en todas las áreas. Existe un verdadero interés de mejor uso de los fondos federales, entiéndase la falta de planificación con procesos transparentes y democráticos en las acciones del gobierno”.
Agregó que “el resultado de todo esto se ve día a día con trabajadores desplazados, en agricultura, en las playas, en los residuos sólidos, en el manejo del agua, entre otros. Por eso estamos hoy aquí, reclamando acciones concretas que garanticen una ‘transición justa’ para los trabajadores, ya que las medidas que se tomen para enfrentar el cambio climático podrían desplazar miles de trabajadores y también residentes de las comunidades”.
Según el portavoz, “las demandas que hacemos desde el sector laboral es que las medidas que se tomen para mitigar las consecuencias que trae el cambio climático tienen que presentar una ‘transición justa’, que evite desplazar a nuestra gente de sus comunidades y sus trabajos. Pero esa gestión no puede ser solo de los sindicatos, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad e insertar a las comunidades en la toma de decisiones y discusión del tema”.INS
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