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María de Lourdes Santiago./Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 18 oct (INS).- Patrimonializar los servicios esenciales a la ciudadanía, estén en manos privadas o preferiblemente públicas, porque la institucionalidad de su prestación debe considerarse un haber social del pueblo y la conquista de una reivindicación, es un imperativo de todo gobierno parece ser una idea que pulula en el ambiente político del país actualmente.
Por esa razón, no debe sorprender la indignación que ha causado la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal a la nueva ley que crea la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda.
Argumenta que tiene un impacto fiscal y que la Defensoría de Personas con Impedimentos no tiene el dinero para ponerla en marcha.
Se ha hecho viral en las redes sociales la fustigación de la senadora independentista y socialdemócrata, María de Lourdes Santiago, a la objeción del organismo interventor federal de carácter fiscal en torno a un servicio esencial y humanitario a la población sorda del país.
La opinión generalizada es que razones de índole fiscal no pueden servir de excusa a la negativa de establecer un servicio esencial a una comunidad con deficiencias auditivas que requiere de una atención gubernativa esencial y prioritaria para evitar su marginación en la sociedad.
Lo que se ha expresado es que el acento fiscal y economicista no debe prevalecer en un asunto social y humanitario de esta envergadura y por ello los aplausos en la opinión pública a la senadora María de Lourdes Santiago.
El consenso en la opinión pública es que el dinero para esa gestión pública urgente y prioritaria debe aparecer con la eliminación de cualesquiera de otros gastos superfluos que actualmente tiene el gobierno, y esa es el tono de la corrección fiscal que debió establecer la Junta de Control Fiscal en lo concerniente a este asunto y no objetar la creación de esta Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda. INS
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