
Pedro R. Pierluisi./Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 14 oct (INS).- ¿Qué poderes soberanos puede tener un pueblo subyugado política, económica y judicialmente a Estados Unidos? Pues diríase que muy pocos. La administración de los limitados poderes del régimen colonial.
Mas si esos limitados poderes en la administración de la colonia el gobernante de turno los achica más todavía avalando el desobedecimiento de una empresa poderosa como LUMA Energy a mandato jurídico emitido por su Tribunal Supremo, pues, entonces, estamos hablando de un territorio colonial políticamente castrado internamente, en el ámbito de la administración colonial.
Luciendo en una percepción apreciativa de quien escucha sus afirmaciones públicas como un abogado de LUMA Energy, el gobernador Pedro R. Pierluisi, a quien el exlegislador independentista Víctor García San Inocencio bautizó descomponiendo su apellido en una entrevista radial con el mote de «Pierluma», dijo ante preguntas de la prensa ayer que «lo que sucede es que la decisión de ayer no fue una decisión final y firme. Lo que hizo el Tribunal Supremo fue que devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. Ahora hay que ver que es lo que resuelve el juez de primera instancia».
Limitó más los pocos poderes administrativos locales que tiene el sistema colonial de Puerto Rico, no saliendo en defensa de la institucionalidad judicial del Tribunal Supremo, al cual LUMA Energy intenta desafiar y minimizar con tecnicismos leguleyos.
No apoya su administración gubernativa de turno el reclamo generalizado y casi consensual de revelar la información solicitada por la Cámara de Representantes y congresistas estadounidenses en Washington sobre los salarios de los altos ejecutivos de LUMA Energy que se presume está en poder de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.
El gobernador Pierluisi se adhiere al desafío a la institucionalidad judicial del Tribunal Supremo que ha hecho el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, de no acatar la orden de entregar la información solicitada por la Cámara de Representantes, tras la denegación judicial por parte del más alto tribunal de Puerto Rico de dos mociones interpuestas por la empresa para evitar ese reclamo informativo. INS
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