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El exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado. Inter News Service
San Juan, 4 oct (INS).- El Departamento de Justicia refirió hoy ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, y al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, ante un referido de los representantes Héctor Ferrer Santiago y Estrella Martínez.
Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exalcalde de Santa Isabel por existir causa suficiente para creer que infringió las disposiciones del artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico, sobre influencia indebida en la adjudicación.
Esto, relacionado con una reunión sostenida en el verano de 2020 con el secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación.
Según informó hoy el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, «también se recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que examine administrativamente las actuaciones del secretario del DRNA, al amparo del artículo 4.2 (s) de la Ley 1 de 2012 (Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico).
El artículo no contempla sanciones de naturaleza criminal, sino expresamente administrativas o civiles que le corresponde analizar y administrar a la Oficina de Ética Gubernamental.
Por tal razón, no se recomendó a la OPFEI la designación de un FEI contra Machargo Maldonado.
Además, la agencia recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente al Contralor Electoral de Puerto Rico para que lleve a cabo los procesos que correspondan a tenor con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, debido a que la investigación preliminar reveló que se facilitó el uso del negocio El Aquarium para celebrar reuniones de campaña.
El referido es resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia sobre posibles actuaciones delictivas, luego de que el 6 de abril de 2021 la agencia recibiera una comunicación suscrita por los representantes en la cual se presentaron varias alegaciones en contra de Questell Alvarado, Machargo Maldonado y el ingeniero Jorge Dávila Torres.
Contra el ingeniero Dávila Torres la investigación no demostró que incurriera en conducta que requiera recomendación de alguna índole.
En síntesis, alegaron que, en una audiencia pública celebrada por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, el secretario del DRNA expuso que, durante el verano de 2020, se reunió en una residencia privada del entonces alcalde de Santa Isabel con relación a una querella pendiente de una vista adjudicativa y en la cual figura como parte querellada.
Además, alegaron que el secretario del DRNA participó de dicha reunión y visitó, junto al entonces alcalde y otras personas, el área objeto de la querella.
Esto, con la intención de adelantar una transacción relacionada con la querella.
Los hechos en su comunicación alertaron sobre la posible comisión de delito y faltas éticas o administrativas, por lo que se inició la investigación correspondiente.
Sobre el caso, Martínez dijo que “hemos advenido en conocimiento en el día de hoy de dichos referidos a raíz de nuestra querella. Nos mantendremos atentos al curso de dichos referidos para investigación la posible comisión de delitos y faltas éticas”.
Por su parte, Ferrer Santiago indicó que “no podemos permitir que las acciones ilegales queden impune y mucho menos que los que juraron servir al pueblo utilicen sus posiciones e influencias para servirse. Espero que se investigue y que los foros correspondientes tomen las determinaciones que en derecho procedan”.
Ambos representantes expresaron preocupación sobre la negativa de Domingo Emanueli Hernandez, secretario de Justicia, de validar las conclusiones del fiscal investigador del caso, conforme a la propia comunicación de la agencia, quien encontró múltiples violaciones de ley que el propio Departamento no acogió.
“En una movida irregular y que genera profundas cuestionamientos sobre el trámite realizado, Yolanda Morales Ramos, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, rechazó las conclusiones del fiscal investigador, descartó sus conclusiones de derecho y eximió de responsabilidad penal a otros funcionarios que pudieron haber cometido serios delitos de naturaleza grave”, dijo Ferrer Santiago.INS
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