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Los ataques con ácido del diablo siguen dañando vidas de personas en la República Dominicana, pues las autoridades no han logrado evitar la venta de los químicos utilizados para fabricarlo./Inter News Service
Santo Domingo, 29 sep (INS).- La procuradora general de las República, Miriam Germán Brito, ordenó a todos los fiscales del país para que, en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas, como la denominada “ácido del diablo”, otorguen al delito la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie y soliciten contra los involucrados la pena máxima establecida en la ley.
El ácido sulfúrico o plomerito, conocido popularmente como “ácido del Diablo o ácido de batería”, es un compuesto químico altamente corrosivo que al 100 por ciento es un líquido incoloro, inodoro, denso y viscoso que se vende sin control en el territorio local.
“Se instruye que, al presentar acusación en los casos de agresión a una persona con sustancia corrosiva, se otorgue la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie, tipificado en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano, incluyendo todas las circunstancias agravantes que concurran, según fuera el caso”, destaca la instrucción dirigida a los miembros del Ministerio Público.
Esa normativa jurídica establece sanción de 10 hasta 30 años de prisión en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito.
Precisa que los sometimientos sobre los hechos que involucren sustancias corrosivas “deben aplicarse sin perjuicio de la inclusión de cualquier otra calificación jurídica que corresponda”.
La procuradora Germán Brito cita los criterios que deberán regir las actuaciones de los miembros del Ministerio Público en todo el territorio nacional en la investigación y persecución de hechos ilícitos que involucren las referidas sustancias.
La magistrada instruyó solicitar la pena máxima aplicable, conforme la calificación jurídica otorgada a los hechos. “Cualquier acuerdo con el imputado o solicitud de una pena menor deberá ser debidamente justificado por el fiscal actuante y autorizado por el superior inmediato, quien lo informará a la Dirección General de Persecución”, indicó.
En los casos de reincidencia, recomendó que se aporten elementos de prueba que acrediten esta circunstancia y que se solicite la pena que corresponda conforme a la escala establecida en el artículo 56 del Código Penal Dominicano. “Lo anterior, es sin perjuicio de la inclusión adicional de cualquier otra calificación jurídica que corresponda”, señala la disposición.
“Esta instrucción es de aplicación obligatoria, inmediata y general. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que corresponda apartarse de lo aquí enunciado, o en los casos en que existan lagunas, se deberá siempre solicitar la autorización previa al fiscal titular, quien, a su vez, deberá enviar un informe de las acciones emprendidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público”, expresó.
La disposición señala que, debido a la gravedad y aumento de casos de víctimas de quemaduras con el peligroso líquido, “existe la necesidad de establecer directrices que orienten el proceder de los fiscales con el fin de alcanzar uniformidad de criterios de actuación en la investigación y persecución de esos casos”.
Además, destaca en uno de sus considerandos que “las sustancias corrosivas son aquellas que, mediante su acción química, producen daños cuando contactan con los tejidos vivos, entendiéndose por daño: dolor, enfermedad, padecimiento o lesiones que provoquen discapacidad, incapacidad, desfiguración, mutilación o desmembramiento de cualquier órgano corporal o de cualquiera de las partes de una persona”.
Los ataques con ácido del diablo siguen dañando vidas de personas en la República Dominicana, pues las autoridades no han logrado evitar la venta de los químicos utilizados para fabricarlo, mientras se mantiene la frustración de las víctimas porque la ley no establece sanciones más drásticas para los que comenten estos actos criminales.INS
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