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El fiscal federal W. Stephen Muldrow./Inter News Service/Víctor R. Birriel
San Juan, 27 sep (INS).- Liz Ann Banchs, propietaria y presidenta de la farmacia Gabriela, fue acusada y se declaró culpable de participar en un delito grave de conspiración para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude a la atención médica en relación con el vacunación ilegal de menores de siete a 11 años con la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow, quien explicó que desde aproximadamente el 28 de mayo hasta el 22 de junio de 2021, Banchs y los empleados de la farmacia en Juana Díaz conspiraron para administrar consciente y deliberadamente la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños de 11 años o menos y presentar los reclamos correspondientes de Medicaid al MC-21.
A un total de 24 niños de entre siete y 11 años se les administró la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, en dosis completa, sin autoridad legal como parte de la conspiración.
El programa de vacunación contra el Covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) exigía que las farmacias elegibles, como farmacia Gabriela, cumplieran con todos los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, siglas en inglés), incluida la autorización de uso de emergencia que permitió la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños de 12 años o más.
El CDC aún no ha aprobado la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19 a niños menores de 11 años.
Como resultado, la administración de la vacuna a niños de siete a 11 años representa una administración no autorizada e ilegal de la vacuna.
Los lotes de vacunas Pfizer-BioNTech eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos y se usaron sin la autorización de los Estados Unidos.
La actividad ilícita de Banchs fue rápidamente identificada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y posteriormente se suspendió el programa de vacunación contra el Covid-19 en la farmacia Gabriela.
Hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado del programa de vacunación ilegal y todos los fondos recibidos para las correspondientes facturas de Medicaid se han devuelto voluntariamente a los Estados Unidos.
Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs ha aceptado voluntariamente ser excluido como proveedor de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.
Banchs enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.INS
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