P. Rico-Cámara requerirá a la Junta de Supervisión Fiscal la lista de las agencias y municipios elegibles para el Programa de Retiro Incentivado

San Juan, 25 sep (INS).- La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) afirmó este viernes a la Cámara de Representantes que la implementación del Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80-2020, está sujeta al consentimiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que sea establecido de forma parcial en ocho agencias de gobierno y 40 municipios que cumplen con los requisitos.

Sin embargo, el director Juan Carlos Blanco Urrutia señaló que desconoce cuáles son las entidades gubernamentales que cualifican para el programa, pues la JSF ha omitido los datos desde que el pasado 22 junio cursó una comunicación en la que explora la posibilidad de enmendar el estatuto y buscar una implementación parcial.

“El intercambio de información con la Junta de Supervisión Fiscal, lamentablemente, no siempre es simétrico. Nosotros le damos mucho detalle y le damos todo. Pero cuando recibimos de ellos, lo que recibimos son conclusiones. No necesariamente recibimos todo lo que está detrás, y nos chocamos con esta realidad”, expresó Blanco Urrutia a los legisladores.

Explicó además que entre octubre de 2020 y marzo de 2021, la OGP recogió en una base de datos todas las solicitudes de empleados públicos interesados en acogerse a los beneficios de la Ley 80. Como resultado de este proceso, un total de 10,553 trabajadores expresaron su interés, de los cuales las agencias identificaron como esenciales a 6,564 y, como no esenciales, a 3,989.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) posteriormente sometió a la JSF un análisis de los datos recopilados por la OGP, que detalla que 11 agencias de gobierno y 16 municipios cualifican para que sus empleados se sujeten al Programa de Retiro Incentivado.

No obstante, el ente fiscal concluyó que son ocho agencias y 40 municipios los que podrían generar ahorros en sus finanzas en cumplimiento con el propósito de la ley.

Luis Collazo Rodríguez, director ejecutivo de la Junta de Retiro, detalló que las agencias que inicialmente fueron sometidas a la JSF son Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE); Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela); Departamento de Recreación y Deportes (DRD); Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Además de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA); Oficina de Servicios Legislativos (OSL); Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); Oficina del Comisionado de Seguros (OCS); Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Junta de Libertad Bajo Palabra y la Defensoría de Personas con Impedimentos.

Por su parte, los ayuntamientos recomendados a la Junta fueron Trujillo Alto, Yabucoa, Lajas, Loíza, Cabo Rojo, Moca, Comerío, Utuado, Patillas, Culebra, Aguas Buenas, Aibonito, Jayuya, Maunabo, Gurabo y Corozal.

De acuerdo con Collazo Rodríguez, la Junta de Retiro identificó posibles ahorros de 22.3 millones de dólares en caso de acogerse los empleados de las 11 agencias, y 2.7 millones en el caso de los municipios.

No obstante, la OGP informó que, en la comunicación del 22 de junio, la JSF determinó que el impacto fiscal anual de implementar la Ley 80 sería de 200 millones de dólares en el presupuesto del gobierno.

“El teléfono en mi oficina no se detiene. Los correos electrónicos en mi oficina no se detienen de los empleados que están reclamando que se apruebe esto. El problema es que la Ley 80 ya está aprobada. Estamos esperando que la Junta dé el aval para implementarlo de manera parcial”, denunció el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales.

El legislador aseguró que enviará una carta a la JSF para requerirle la información detallada de las agencias y municipios que identificó como elegibles. Desde la aprobación de la Ley 80, el ente fiscal ha objetado la implementación del Programa de Retiro Incentivado hasta tanto las entidades aplicables no logren demostrar que generarán los ahorros consistentes con el Plan Fiscal certificado.

La Ley 80 fue aprobada el pasado año con el propósito de establecer un programa mediante el cual empleados públicos elegibles puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro. INS

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