Inter News Service Agencia de Noticias
José Reyes./Inter News Service, archivo
San Juan, 22 sep (INS).- El ayudante general de Puerto Rico, José Reyes, recomendó la aprobación del proyecto 425 presentado por los representantes Jesús Santa Rodríguez, José Aponte Hernández y José Melendez Ortiz, que busca garantizar la estabilidad financiera de la Guardia Nacional Estatal.
“Se puede considerar este proyecto como una ley de justicia social en agradecimiento al servicio honorable que rinden estos ciudadanos a Puerto Rico”, mencionó Reyes.
Según el general, la Guardia Estatal de Puerto Rico se conforma de un grupo de ciudadanos voluntarios que aportan de su tiempo y esfuerzo para ayudar a las comunidad en necesidad.
“La situación fiscal de Puerto Rico limita cada vez más la disponibilidad de fondos estatales para mantener este componente de las fuerzas militares de Puerto Rico”, destacó.
Actualmente, la Guardia Estatal está conformada por 1,300 personas voluntarias.
“Los voluntarios actualmente tienen que costear sus propios uniformes, que rondan los 400 dólares la vestimenta regular y 1,200 dólares el traje de eventos formales”, reveló.
La Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano, presidida por el representante Kebin Maldonado Martiz, atiende los proyectos que buscan apoyar la estabilidad fiscal de la Guardia Estatal de Puerto Rico y aunar esfuerzos para crear un nuevo código militar para la isla.
El proyecto de la Cámara 425 propone enmendar el Código Militar de Puerto Rico y la Ley 119 de Uniforme de Confiscaciones de 2011 a los fines incluir que, al finalizar cada al fiscal, se transfiera a la Guardia Nacional Estatal de Puerto Rico el uno por ciento del ingreso neto que haya tenido la Junta de Confiscaciones.
Según la exposición de motivos de la medida, esa transferencia ayudaría a garantizar la estabilidad financiera a la Guardia Nacional Estatal y para la adquisición de uniformes, armamento, materiales y equipo que posibilitan el reclutamiento, adiestramiento, operaciones y administración.
Actualmente, la Junta de Confiscaciones está adscrita al Departamento de Justicia es el ente custodio encargado de conservar, controlar y disponer de la propiedad que adquiera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante el procedimiento de confiscación.
La representante de Justicia, Elizabeth Pitino, manifestó que el proyecto 425 pudiera afectar los fondos con los que cuenta la Junta de Confiscaciones para operar, y para cumplir con las disposiciones de la Ley 119.
Por tal razón, la dependencia liderada por el secretario Domingo Emanuelli Hernández no avaló el proyecto.
“Por razones relacionadas a la pandemia del Covid-19, y a los fines de garantizar la salud y seguridad de los participantes y del personal de la Junta, las subastas no se han podido celebrar regularmente. Los recaudos del Fondo han ido disminuyendo y están comprometidos. Asignar un porcentaje a otra entidad, aunque loable, puede agravar aún más la situación precaria de las funciones de la Junta de Confiscaciones”, destacó.
Ante esto, el representante Juan José Santiago solicitó al Departamento de Justicia un reporte de las estrategias o planes de trabajo que ha realizado la agencia para trabajar el asunto del Covid-19 y la continuidad de los trabajos de subastas.
“Tenemos que aumentar el flujo en la Junta y ser más creativos para llevar a cabo este tipo de subastas”, sentenció.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 452 recibió el apoyo de la Guardia Nacional para el desarrollo de un nuevo proyecto de Código Militar.
La dependencia militar estará sometiendo en los próximos 30 días a la Comisión un borrador preliminar para este nuevo Código.INS
lp
