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Imagen de arriba, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Abajo, los legisladores involucrados en operaciones del narcotráfico./Inter News Service
Santo Domingo, 16 sep (INS).- El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las implicaciones de algunos diputados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos, desarticulada la semana pasada durante más de 100 allanamientos en la Operación Falcón, que distribuía la sustancia prohibida hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
El requerimiento afecta a los legisladores Héctor Darío Féliz Féliz, representante de la provincia El Seibo por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Faustina Guerrero Cabrera, diputada de El Seibo por el partido oficialista.
La solicitud, depositada en la secretaría del órgano judicial por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se debe a que los tres congresistas tienen privilegio de jurisdicción e inmunidad, en virtud a lo que establece el artículo 154 de la Constitución de la República.
Reynoso explica que hay abierta una investigación en contra de esas personas, a quienes imputan en forma provisional de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros delitos como violación a la ley de arma.
De acuerdo al expediente, en la madrugada del 9 de septiembre, mientras se desplegaba la operación, el diputado Héctor Féliz Féliz movilizó en su vehículo a un extraditable, que tenía un cerco montado, desplazándolo “con la intención de sustraerlo de la investigación”. A quien transportaba era al suspendido funcionario estatal Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección Comunidad Digna, pedido en extradición por Estados Unidos.
Mientras que Marmolejos Gil es acusado de supuestamente recibir dinero de la droga como patrocinio de su campaña a diputado por la provincia de Santiago, en las elecciones congresuales del año 2020. Faustina Guerrero Cabrera está relacionada al caso por la vinculación de su esposo Juan Maldonado Castro a la red criminal.
Una mafia millonaria
Hasta el momento, por la Operación Falcón están bajo arresto 24, de un total de 27, quienes según el Ministerio Público formaban parte de la operación. Tres están prófugos.
Los investigadores afirman que la mafia colocó millonarios fondos, provenientes del trasiego de droga, a través de empresas de producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers (agencias), vehículos de lujo, ganado y relojes costosos, empresas de entretenimiento, farmacias y remesadoras.
La narcopolítica
En tema de Operación Falcón ha develado un entramado de financiamientos del narcotráfico a las campañas de políticos aspirantes a cargos legislativos, alcaldías y regidurías, lo que ha generado reacciones de la población dominicana que mantiene el ojo puesto sobre el Congreso Nacional a la espera de que surjan otros nombres de “narco-legisladores”.
La prensa nacional ha dado seguimiento a este hecho pidiendo, de paso, a los partidos políticos que hagan una depuración de los dirigentes antes de presentar candidaturas, especialmente en lo que respecta al origen de los recursos económicos que, según la Junta Central Electoral (JCE), las leyes vigentes no establecen sanciones para evitar el uso de fondos ilícitos durante las campañas electorales.
Uno de esos medios, el Listín Diario, comenta hoy que “con las irrefutables evidencias del involucramiento de legisladores en los entramados del narcotráfico y en casos escandalosos de corrupción, en el pasado y en el presente, se hace imperativa una fumigación interna del Congreso para curarlo de esas plagas”.
“Tal vez parezca utópico lograrlo por el hecho de que están investidos de unas potestades constitucionales y, más que nada, porque representan a unos partidos que, de alguna u otra manera, les deben grandes favores por sus aportes económicos y por el costo político de esa profilaxis”, dice el impreso.
En tanto que el periódico El Caribe hace un recuento de los actos de corrupción y narcotráfico ocurridos en los últimos cuatro años, de los que al menos cinco que involucran a dirigentes de los partidos políticos “ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso anti partidos que se ha venido instalando en el país”.
Cita la presunta participación de los congresistas Héctor Darío Féliz Féliz, Nelson Marmolejos Gil, Rosa Amalia Pilarte y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Este último fue detenido el 18 de mayo del año en curso, al llegar a Estados Unidos, alegadamente bajo cargos de narcotráfico internacional de drogas, acusación que también arrastra a sus hermanos Endy de Jesús y Danny Núñez Mármol.
En 2020 fue extraditado hacia norteamérica, acusado de narcotráfico, Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua.
Resaltan los medios que en cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por la Operación 13 está preso el exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno, como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.
También figura el expediente de sobornos Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo. Fue un proceso de investigación que inició en mayo del 2017 y que involucró a varios dirigentes de la cúpula del partido morado y del PRM.
Originalmente, fueron acusados Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD, mientras que del Partido Revolucionario Moderno estaban en el expediente Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del Partido Revolucionario Dominicano, todos excluidos del caso por el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez.
Finalmente, fueron enviados a juicio el empresario Ángel Rondón Rijo, el ex ministro Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García; el senador Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez. INS
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