P. Rico-Construcción y deconstrucción del Estado de Bienestar (análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 15 sep (INS).- Dice César Attilio Ferrari, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en su libro “Capitalismo, crisis, cambios y evolución en el siglo XXI”, que en los países desarrollados el Estado nacional tomó la forma del Estado de Bienestar responsable de garantizar los derechos sociales de la población, financiados con impuestos distribuidos progresivamente entre los ciudadanos, y de intervenir en los mercados para dicho propósito.

Recuerda que comenzó a llamársele de tal manera a fines de la segunda guerra mundial, aunque su formación comenzó con mucha anticipación y su desarrollo está ligado al del capitalismo, a la misma democracia que permite matices ideológicos de izquierda a derecha y alternancia en el poder, y al establecimiento de las instituciones de seguridad económica que más adelante devino seguridad social.

Según Attilio Ferrari, la base política del Estado de Bienestar data de 1870, cuando en Gran Bretaña promulgó la ley de educación que comprometió al gobierno a ofrecer educación universal, a partir de 1881 de manera gratuita, de once años desde 1883 y de doce años a partir de 1889. Y entre 1906 y 1914 estableció el seguro de salud, el de desempleo, pensiones financiadas por el gobierno y salarios mínimos.

También se alude en el libro de Attilio Ferrari que Estados Unidos, en 1887, promulgó la Ley de Comercio Interestatal con la que se inició la regulación de la industria, en 1890 se promulgó la Ley Sherman para regular los monopolios y en aplicación de la misma, en 1902, se desintegró la Northern Securites Company y en 1911 la notoria Standard Oil Company. En 1935, durante el New Deal, se promulgó la Ley de Seguridad Social (Social Security Act) que estableció subsidios para los desempleados, asistencia en favor de las personas económicamente débiles y seguros de invalidez, vejez, muerte y desempleo para todos los trabajadores por cuenta ajena.

En los países latinoamericanos ese Estado de Bienestar asumió formas incompletas, indica el académico. En casi ningún país latinoamericano existía (o existe) un seguro de desempleo universal. En su lugar, se desarrollaron sistemas de transferencia de ingreso condicionadas a las personas o familias pobres; las condiciones se refieren, por ejemplo, a la asistencia a la escuela o a la vacunación de los hijos menores. Esas transferencias se siguen usando a pesar de que, supuestamente, serían de carácter transitorio, porque entre otras razones generan clientela política.

En Chile y en Colombia se ha instituido desde hace décadas un sistema parcial de compensación de ingresos para trabajadores empleados y pensionados, las cajas de compensación familiar que son entidades privadas, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria.

En Chile las cajas de compensación ofrecen prestaciones legales, de bienestar social y otras adicionales: las legales (asignación familiar, subsidio de cesantía, subsidio por incapacidad laboral, pago del pre y postnatal, licencias por enfermedad grave de niño menor de un año) son financiadas con aportes fiscales; las de bienestar social y las adicionales (crédito social, actividades de carácter cultural, deportivo, recreativo, artístico o de asistencia social) son financiadas con recursos propios de las cajas.

En Colombia, por ley, las empresas deben aportar a las cajas de compensación el 4 por ciento del valor de sus nóminas para ser aplicado en subsidios y servicios de salud, educación, recreación y deportes a los trabajadores afiliados por las empresas; los trabajadores pagan por los mismos en forma proporcional a sus ingresos.

El Estado de Bienestar comenzó a ser cuestionado en el mundo desarrollado a partir de los años setenta del siglo XX y con fuerza política desde los años ochenta con la emergencia mencionada de los gobiernos neoconservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña. El pretexto fue que las intervenciones estatales eran fiscalmente muy costosas e insostenibles, generaban burocracia y corrupción, invalidaban el desarrollo de los mercados y perjudicaban la iniciativa privada.

Desde entonces se ha considerado que, en general, el Estado no debe ofertar bienes y servicios. Fue cuando, a partir de los años ochenta, se privatizó gran parte de las empresas públicas. Las mismas, usualmente operaban en sectores que requerían montos de inversión inicial muy elevados y, por lo tanto, con costos medios y marginales decrecientes configurando así monopolios naturales.

Al venderse al sector privado pasaron de ser monopolios públicos, con precios reducidos en favor de los usuarios, que requerían subsidios del gobierno para continuar operando, a ser monopolios privados con precios elevados para garantizar una rentabilidad atractiva a los inversionistas privados que los apropiaron. En Latinoamérica uno de los ejemplos más notorios al respecto es la privatización de la empresa mejicana de telecomunicaciones que convirtió a Carlos Slim en una de los inversionistas más ricos del mundo.

Observa Attilio Ferrari en su libro que la privatización de los monopolios naturales condujo a la necesidad de regular sus operaciones, sus precios y rentabilidades. Para ello se crearon organizaciones estatales, superintendencias o comisiones reguladoras, que, en general, resultaron relativamente débiles, carentes de poder político propio y de fácil captura por los regulados, lo que conduce a regulaciones generalmente ineficientes o insuficientes.

También a partir de los años noventa, los servicios latinoamericanos de salud fueron en gran medida privatizados. Los nuevos sistemas de salud varían entre los países, pero casi todos ellos parten de un seguro de salud obligatorio administrado privadamente. Sea porque se percibe caro sin una atención en salud adecuada o ya sea porque existe aún un sistema público gratuito que atiende a los que no se aseguran, el hecho es que los contribuyentes al sistema de salud acaban siendo reducidos; en Colombia, por ejemplo, representan un tercio del total de la población asegurable, dos tercios son atendidos en forma subsidiada.

Este fenómeno político y económico se ha visto con sus particularidades también en Puerto Rico, el cual se ha ido intensificando en los últimos años.

Es notable cómo el descontento contra los políticos, la política y el Estado ha facilitado, en cierto modo, el desmantelamiento del Estado de Bienestar. INS

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