R. Dominicana-Tribunal varía medida de coerción a tres implicados en el caso Operación Antipulpo que decidieron colaborar con el Ministerio Público 

Rostros de los implicados en el entramado de corrupción conocido como Operación Antipulpo./Inter News Service

Santo Domingo,10 sep (INS).- La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público de variar la prisión preventiva a tres de los investigados en el caso de corrupción conocido como “Operación Antipulpo”, luego que decidieran colaborar con las autoridades aportando informaciones valiosas en el proceso de investigación.

La variación de la medida de coerción favorece a Francisco Antonio Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher y Julián Esteban Suriel Suazo. El señor Pagán Rodríguez cumplía la privación de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal, región Sur del país.

La jueza dispuso que estos tres imputados estén en arresto domiciliario, no en un cárcel, mientras dura la investigación. Además, otorgó el plazo de tres meses, hasta el 6 de diciembre, solicitado por el Ministerio Público para ampliar su indagación y presentar la acusación formal en contra de Juan Alexis Medina y los demás acusados del entramado de corrupción administrativa, quienes han fracaso en dos intentos por salir libres de la penitenciaría.

En una audiencia de revisión, los representantes fiscales recordaron que han sido coherentes en el sentido de que, “cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce, incluso, el peligro de fuga. Y hemos entendido nosotros que, en este y en otros hechos, deben recibir un tratamiento diferente.

Francisco Pagán, de 73 años, exdirector de la desarticulada Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado (OISOE), ha ofrecido informaciones testimoniales y documentales como parte de una colaboración que, de entrada, le ha permitido que el órgano acusador pedir la variación de la medida cautelar.

El pasado 26 de agosto, la magistrada Yanibet Rivas, tras acoger la petición del Ministerio Público, ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medida Sánchez, principal acusado del entramado delictivo desarticulado a final del pasado año.

Por este caso también quedarán en prisión preventiva, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, supuesto tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como José Dolores Santana Carmona, presunto testaferro.

Mientras que Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario; Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexi

Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio hogareños controlado con un localizador electrónico.

Carmen Magalys Medina Sánchez y Alexis Medina Sánchez son hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, que además es el máximo líder del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Asimismo, el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, acusado de ser “prestanombre o testaferro”, cumple una medida de coerción consistente en presentación periódica ante los fiscales indagadores.

La “Operación Antipulpo” es un proceso de investigación liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público en el cual se busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por Alexis Medina a quién acusan de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones (US$68.6 millones) desde el 2012 hasta el 2020.

El expediente detalla que el grupo de involucrados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la nación para cometer fraude contra el Estado dominicano.

Según las acusaciones, esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada. INS

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