
José Alejandro de la Cruz Morales está acusado de lavado de activos. Inter News Service
Santo Domingo, 8 sep (INS).- El presidente de la República, Luis Abinader, suspendió en funciones la tarde de este miércoles al titular de la Dirección General Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue detenido junto a cinco personas por sus alegados vínculos con actos de corrupción, que incluyen el lavado de activos procedentes del narcotráfico.
La medida está contenida en el decreto 550-21, emitido por el mandatario dominicano. Maldonado Castro fue designado en la referida entidad el 11 de septiembre del año pasado en sustitución de Aura Celeste Fernández.
La Dirección General Comunidad Digna es una institución gubernamental creada con el objetivo de desarrollar un plan de reducción de la pobreza y la cual se enfoca en en la promoción del desarrollo integral, la mejora de la calidad de vida en términos económicos, políticos, sociales y culturales de las comunidades más vulnerables del país.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, informó que los negocios de droga en los que estaba envuelto el funcionario, quien fue arrestado en el marco de la “Operación Falcón”, no le permitieron llegar a cumplir un año en el puesto. Dijo que se aprovechó del cargo para lavar activos del narcotráfico.
Resaltó que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada.
También están detenidos Junto los señores Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia Tavárez, Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco, entre otros.
Los apresamientos surgieron durante la realización de más de 80 allanamientos en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La Operación Falcón trata de un procedimiento que llevó meses de investigación y cientos de horas de trabajo, que cuenta con la cooperación internacional en la que participan agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés), de Estados Unidos.
Las indagaciones estaban en marcha desde hace aproximadamente siete meses y la mañana de este miércoles se realizaron requisas domiciliarias en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones.
Tres de los detenidos durante la Operación Falcón, José Alejandro de la Cruz Morales, Juan José de la Cruz Morales y María Olimpia Tavárez Rodríguez, tienen antecedentes por casos de narcotráfico y lavado de activos, durante hechos que se registraron entre el 2012 y el 2016, según las autoridades.
En agosto del 2012, Juan Alejandro la Cruz Morales fue detenido en República Dominicana junto a Ricardo José Báez García mientras transitaba por el peaje de la autopista Duarte en un vehículo con una nevera playera que contenía 491 mil 460 dólares.
En esa ocasión, la DNCD informó que días después del arresto ambos fueron favorecidos con un auto de no a lugar del magistrado José D. Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, quien conoció la acusación por lavado de activos. En julio del 2013 fue apresado en Puerto Rico cuando intentó ingresar de manera ilegal a ese país en una yola.
Mientras, Juan José de la Cruz Morales fue implicado en el 2016 por las autoridades estadounidenses en el alijo un decomiso de 1.786 kilos de cocaína, considerado el mayor cargamento registrado en Puerto Rico. La droga decomisada estaba valorada en el mercado negro en 45 millones de dólares, según las autoridades boricuas de ese entonces.
Según los registros periodísticos locales, María Olimpia Tavárez Rodríguez fue condenada en el 2013 a cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Mujeres, por estar vinculada a una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos la acusó en esa ocasión de lavar cerca de 100 millones de pesos dominicanos (1,758,850 dólares) para su novio, el colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien fue condenado en 2016 por lavado de activos y liberado en 2020.
El expediente acusatorio establecía que Tavarez Rodríguez tenía pleno conocimiento y supuestamente se prestó para hacer aparentar ser la propietaria de una villa, la cual fue adquirida por un valor de aproximadamente US$2 millones, ubicada en el proyecto turístico Metro Country Club, San Pedro de Macorís, región oriental dominicana. INS
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