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Ariadna Godreau Aubert (al centro)./Inter News Service, archivo
San Juan, 26 ago (INS).- La organización Ayuda Legal Puerto Rico presentó un mandamus ante el Tribunal de San Juan para exigir que el Departamento del Trabajo entregue información pública relacionada a la asistencia de desempleo durante la pandemia.
El recurso judicial se presentó tras la falta de respuesta por parte de la agencia a solicitudes de información para conocer el número de reclamaciones del desempleo regular y desempleo pandémico (PUA) pendientes y no atendidas por la agencia.
Quedan apenas dos semanas para que, el 4 de septiembre, se detenga la asistencia de desempleo por Covid-19.
Entre los meses de junio del 2020 y junio del 2021, Ayuda Legal Puerto Rico, en colaboración con la Oficina Legal de la Comunidad, ofreció información y apoyo legal gratuito a 1,400 personas solicitantes del desempleo regular y el PUA.
En la mayoría de los casos, estas personas trabajadoras desplazadas de sus empleos o con pérdida de ingresos por causa de la pandemia, fueron mujeres, adultas mayores y personas que residen fuera del área metropolitana.
Las personas atendidas reportaron un panorama similar: falta de respuesta de los funcionarios de la agencia, ausencia de atención al proceso de apelaciones, recobros injustificados y el carácter inservible de las plataformas tecnológicas.
“Llevamos un año exigiendo al Departamento que publique guías relacionadas a las madres sin cuido de menores, a las apelaciones y demás procesos. En relación a la información pública, van seis meses reiterando la misma petición: queremos saber cuántas solicitudes y procesos apelativos están atrapados en la burocracia de la agencia. El derecho a un proceso justo y claro cuando se está solicitando asistencia no es opcional, mucho menos cuando se trata de fondos altamente regulados”, recalcó Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico.
Para la portavoz, “no podemos hablar de recuperación, regreso a la ‘normalidad’ o criminalizar a quienes reciben el desempleo o el PUA, si todavía tenemos familias sin recibir la asistencia a la que tienen derecho esperando a que la agencia atienda un punto controvertible”.
Pamela Bernard Boigues, abogada comunitaria de la organización, opinó que “no hay justificación para que el Departamento se haga de oídos sordos ante reclamos de información pública. Nos preocupa que esta agencia, que está manejando una cantidad significativa de fondos federales aprobados por la pandemia, no tenga disponibles datos relacionados al número de solicitantes, solicitudes atendidas, pendientes, denegadas y aquellas pendientes a apelación. La falta de transparencia es un síntoma de los problemas crasos que ha enfrentado esta agencia para responder a las familias trabajadoras de Puerto Rico -en especial a las madres que no tienen cuido de menores- desde el inicio de la pandemia”.
Agregó que “de cara al fin de la asistencia, queremos saber cuál es el saldo pendiente con las familias afectadas y así poder exigirle al gobierno un plan para atender las reclamaciones pendientes. Nos preocupa estar ante un panorama similar al de los toldos azules, donde las familias han quedado relegadas ante un proceso de ‘normalidad’ o ‘recuperación’ que las olvidó”.
La solicitud de mandamus se presentó bajo la Ley para el Acceso a la Información Pública el martes.
Ese mismo día, el tribunal notificó a los funcionarios del Departamento del Trabajo.INS
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