Caguas, 13 ago (INS).- Debido a la “escandalosa revelación” contenida en el informe de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) sobre el manejo de casos de violencia de género en el Tribunal de Caguas, el representante Yazzer Morales Díaz solicitó a esa entidad la cantidad de solicitudes de órdenes de protección contra la violencia doméstica, acecho y protección de menores emitidas durante los años 2018, 2019, 2020 y lo que va de 2021.
Además, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) pidió que el informe contenga el nombre del juez o jueza que atendió cada solicitud de orden de protección, acecho y/o protección de menores y las razones del archivo de las mismas, que no sea por solicitud de la parte peticionaria, de forma individual.
“La revelación ayer por parte de la OAT sobre el manejo de casos de protección contra las víctimas de violencia de género en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas levanta muchas dudas y amerita una investigación más profunda. ¿Cómo es posible que apenas se emita un 43 por ciento de las solicitudes de orden de protección, acecho y/o protección contra menores?”, cuestionó Morales.
En una misiva enviada a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, el representante le concede 10 días para proveer la información solicitada.
Según datos de la propia OAT, para el año fiscal 2020-2021 se solicitaron en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas unas 1,185 órdenes de protección, acecho y/o protección de menores. De esas sólo se emitieron de manera final unas 512. Esto representa la tasa más baja en todo Puerto Rico.
El pedido de información se da en momento en que algunos de los jueces de dicho tribunal están siendo cuestionados por la falta de acción para proteger las víctimas de violencia de género, a pesar de que muchos de estos ciudadanos han solicitado órdenes de protección.
“Los asuntos relacionados con estos procedimientos deben y tienen que ser de dominio público. Negarse a publicar asuntos o aspectos de estos casos, que no violan la confidencialidad ni la protección de las víctimas de delitos y la de sus familiares, crea dudas sobre la pureza de los procedimientos que se atienden en los tribunales e infunde un falso sentido de justicia”, sentenció el representante. INS
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