P. Rico-Panel sobre el FEI refiere a expresidenta CEE a Contralor y Ética por posibles violaciones a leyes y reglamentos fiscales

Liza García Vélez./Inter News Service

San Juan, 12 ago (INS).- Ante irregularidades incurridas por Liza García Vélez durante su incumbencia como presidenta de la Comisiôn Estatal de Elecciones (CEE), el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) recibió el informe de la investigación

de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el cual se determinó referir el expediente investigativo a Ia Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ante las posibles violaciones administrativas a leyes y procedimientos fiscales del gobierno.

Aunque el referido inicial de Justicia recomendaba la designación de un FEI sobre actuaciones de García Vélez, en contravención al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental en el ámbito penal, los fiscales Zulma Fúster Troche y Manuel Núñez Corrada no encontraron evidencia suficiente para presentar un caso ante el tribunal. 

En su informe consignaron que “faltan los elementos de intención criminal necesarios para una causa penal por parte de la licenciada García Vélez para ejercer cualquier influencia ilegal”.

El caso giró en torno al hecho de que Helga García Pérez, de Perfect Partners, fue contratada por la García Vélez para manejar las relaciones públicas y prensa de la CEE, luego de fungir coma asesora personal de la investigada durante su proceso de confirmaciôn, sin mediar compensación monetaria.

Como parte de su investigación, los FEI recibieron un testimonio de la presidenta de Perfect Partners, quien relató que, posteriormente, fue contratada por García Vélez y brindó servicios a la CEE, según requeridos contractuales. 

Sin embargo, no le fueron pagados los trabajos realizados durante tres meses (abril mayo y junio de 2016) debido a que se había agotado la partida total establecida en su contrato. 

Posteriormente, a finales junio, (luego de haber prestado dichos servicios), la expresidenta de la CEE enmendó el referido contrato con el propósito de pagar retroactivamente a Perfect Partners por los servicios prestados en los aludidos meses. 

Del informe surge que la autorización para fondos adicionales fue refrendada por los comisionados electorales según exige la ley, debido a que al enmendar el contrato,  excedía los 30,000 mil dólares autorizados a García Vélez, para efectuar el contrato. 

Sin embargo, no surge que a los comisionados electorales se les haya informado que el propósito de la enmienda contractual era cubrir pagos de forma retroactiva, en contravención con la ley.

Luego, la CEE hizo un pago con carácter retroactivo por servicios prestados por la compañía Perfect Partners, lo cual está en contravención con las leyes que regulan este asunto. 

De la investigación, surge además que dos empleadas de la CEE levantaron la voz de alerta sobre la improcedencia de efectuar pagos de manera retroactiva (la directora de Finanzas de la CEE y la directora de Relaciones Públicas de la CEE).

Específicamente, García Pérez prestó servicios durante los meses de abril, mayo y junio, según le fue requerido y, al presentar sus facturas le fueron devueltas porque su contrato no tenía fondos adicionales asignados.

Ante estos hechos, García Vélez, a finales del mes de junio, enmendó el contrato con la aludida compañía para pagar retroactivamente por los servicios prestados por Perfect Partners, lo cual es contrario a las leyes fiscales gubernamentales.

En lo referente al análisis de este caso, los FEI contaron con la colaboración del gerente de Auditoría Forense de la Oficina del Contralor. 

Cónsono con ello, la determinación de los FEI es referir el asunto a la Oficina del Contralor para que, conforme a la ley, se haga la reclamación correspondiente del reembolso del pago indebido. 

Además, se remitió copia del expediente de este caso a la OEG, donde existe una investigación administrativa sobre el particular.

Acogido ci informe de los fiscales con sus determinaciones, el Panel decretó ci archivo del asunto respecto al ámbito penal y dispuso la notificación de su resolución a las oficinas del Contralor y Ética Gubernamental para la acción correspondiente.INS

lp

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