R. Dominicana-Movimientos cívicos, políticos y organizaciones cristianas continúan reclamando frente al Congreso Nacional la aprobación del Código Penal que castiga el aborto

Santo Domingo, 8 ago (INS).- Decenas de personas pertenecientes a movimientos cívicos, políticos y organizaciones cristianas se congregaron hoy frente al Congreso Nacional en reclamo de que el Código Penal que estudia el Senado de la República sea aprobado con el mismo texto que remitió la Cámara de Diputados en el que se penaliza el aborto.

Los representantes de las diversas organizaciones exhortan al pleno del Senado a acatar el llamado del 97% de los senadores que apoyan la aprobación inmediata del reglamento, antes de perimir la presente legislatura.

Líderes religiosos, como el pastor evangélico Ezequiel Molina Rosario, de la Batalla de la Fe, respaldan el proyecto de ley tal cual se ha redactado y lo consideran necesario para tipificar delitos que no están contemplados en la legislación vigente, “como el uso de ácido del diablo y el sicariato”, entre otros.

Para los cristianos, el argumento de que la referida recopilación de leyes no se puede aprobar porque no ha sido leído, es una excusa para introducir la agenda lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (Lgbtiq) y el aborto.

Entienden que las minorías que promueven esos temas “fueron derrotadas en la Cámara baja y no deben pretender imponerse”, y consideran correcto que se apruebe el castigo a la corrupción y la discriminación a todos los niveles.

“Los senadores, que en su mayoría son muy honorables, deben salir ya de este problema. Estamos manejándonos con un Código que está obsoleto”, recalcó Molina Rosario.

Un grupo de integrantes de la orden de los Franciscanos también asistió a manifestar su rechazo al aborto.

Gran revuelo ha causado en las redes sociales la modificación al artículo 186 de la nueva ordenanza jurídica en vía de aprobación, que tipifica el delito de “discriminación”, debido a que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito y los sustituye por “otros motivos”.

En la nueva normativa, ese artículo “castiga actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos”.

En la concentración participaron el Arzobispado de Santo Domingo, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope), la Confraternidad Evangélica Dominicana (Conedo), la Red Pastoral, el Consejo Nacional de Iglesias y el Ministerio Juventud Con Una Misión.

También se hicieron presentes los dirigentes políticos Pelegrín Castillo, del partido Fuerza Nacional Progresista, y Rafael Paz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Dío Astacio, nombrado por el presidente Luis Abinader como enlace entre el gobierno y la comunidad cristiana.

Las manifestaciones han resurgido luego de que, esta semana, la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de modificación al Código Penal decidiera rendir un informe favorable al que envió la Cámara de Diputados y presentarlo al pleno sin modificaciones.

Sin embargo, la decisión cuenta con el rechazo de dos senadores oficialistas miembros de la comisión, Faride Raful y Antonio Taveras Guzmán. Ambos dijeron que presentarán un voto disidente ante el pleno.

Se recuerda que la semana pasada, grupos Lgbtiq protestaron frente al parlamento al sentirse discriminados, debido a que la recopilación de leyes elimina la orientación sexual y el género como delitos. Igualmente, deja fuera el aborto en tres causales.

A esa protesta se unieron organizaciones feministas que demandan la despenalización del embarazo involuntario con tres causales: cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, que sea fruto de una violación o incesto, o que existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Tras la decisión de los congresistas de presentar el mismo proyecto de ley sin modificaciones que emanaron los diputados, aún después de celebrar varias vistas públicas con diferentes sectores, se ha avivado la lucha de grupos religiosos para que la pieza legislativa sea consensuada tal cual la enviaron los diputados.

La discusión de la modificación al Código Penal tiene alrededor de 19 años en el Congreso Nacional. El proyecto ha sido aprobado en varias ocasiones por los legisladores, pero devuelto por el Poder Ejecutivo con observaciones. INS

mv/aa