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La semana pasada no aparecieron los 60 votos para comenzar el debate, cuando el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), intentó iniciar la discusión en el hemiciclo del Senado./Twitter
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 29 jul (INS).- Un proyecto de infraestructura nacional para Estados Unidos que asciende a asignaciones de $975,000 millones que el presidente Joe Biden cataloga como “la inversión a largo plazo más significativa en nuestra infraestructura y competitividad en casi un siglo”, fue abierta a debate con 67 votos a favor y 32 en contra en el Senado federal.
Aunque Puerto Rico estaría de paso beneficiado si se aprobara el proyecto legislativo, no hay consideraciones para abordar de manera particular la jurisdicción isleña como parte de un plan especial para su desarrollo económico, tomando en consideración nuestras específicas particularidades como posesión colonial que enfrenta una crisis de deuda pública impagable y una debacle en un modelo de desarrollo económico.
El proyecto de ley fue negociado por un grupo bipartidista de 10 senadores con el presidente Biden.
La semana pasada no aparecieron los 60 votos para comenzar el debate, cuando el líder de la mayoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), intentó iniciar la discusión en el hemiciclo del Senado.
Se estima que cerca de la mitad de las asignaciones del proyecto de inversión en iniciativas de infraestructura serían asignaciones de nuevos fondos federales, ascendentes a unos $550,000 millones. Cientos de miles de millones serán asignaciones previas que no se han utilizado, principalmente relacionadas al Covid-19.
La oposición al proyecto de ley no parecería justificarse de manera alguna, a no se porque a esa propuesta de inversión en infraestructura precedería otra legislación, aún más gigantesca de cerca de $3.5 billones (trillions en cifras anglosajonas) en iniciativas sociales, a cuyo gasto benefactor gubernamental se oponen, tanto los republicanos como conservadores del propio Partido Demócrata.
Este es el caso de la demócrata conservadora Kirsten Sinema (Arizona), quien ha hecho claro que aunque votará a favor del proyecto de reconciliación presupuestaria, no favorece una medida de gasto social que cueste $3.5 billones al erario.
Por lo demás, no parece haber oposición a las asignaciones para arreglar puentes por la suma de $40,000 millones, de lo cual se beneficiarían grandes intereses económicos de contratistas de la industria de la construcción.
Otros $39,000 millones serían para modernizar proyectos de tránsito y alrededor de $55,000 millones para proyectos de infraestructura de agua.
Para banda ancha, con atención a la ruralía, se asignarían unos $65,000 millones. INS
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