Santo Domingo, 20 jul (INS).- Un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) que dirige el expresidente Leonel Fernández, revela que entre los años 1978 y 2019, República Dominicana realizó 26 reformas a su legislación electoral.
El documento presenta la evolución del sistema de elección dominicano a través de sus leyes electorales aprobadas desde 1962 hasta la fecha, destacando sus principales características y cambios entre unas y otras.
De esta manera, la investigación contempla los antecedentes, motivaciones e historia de las primeras normativas electorales de la nación, así como el esquema y los elementos constitutivos de las más recientes.
Afirma que esos cambios surgieron a partir de la caída del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, asesinado en 1961, pasando por la anterior normativa electoral número 275-97 y llegando a la primera actualización integral del marco electoral dominicano con la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.
Explica que la promulgación de la Ley de Partidos Políticos 33-18, y la 15-19, “trajo consigo controversias, denuncias y sometimientos por inconstitucionalidad de una serie de artículos de ambas leyes, especialmente en términos de libertad de expresión, afiliación, requisitos de candidaturas, alianzas y coaliciones, entre otros aspectos”.
La indagación titulada “Legislación electoral y de partidos en República Dominicana: origen, evolución y nuevo proceso reformatorio”, puntualiza además que, para este año, la Junta Central Electoral (JCE) ha planificado una nueva revisión para corregir diversos aspectos necesarios en las leyes números 15-19 y 33-18.
Al respecto, el Observatorio Político Dominicano considera pertinente que estas modificaciones sean aprobadas al menos un año antes de las elecciones, a los fines de que su puesta en práctica “no suponga un obstáculo llegadas las fechas de montaje de los comicios, ya sean aquellos correspondientes a las primarias o a las elecciones generales, para evitar falencias, improvisaciones e inobservancias como consecuencia de falta de tiempo para adaptar el proceso electoral a la normativa reformada”.
El trabajo de campo precisa que la nueva remodelación a la legislación electoral y de partidos “requiere la inclusión de principios rectores del proceso de votación popular, cambios directos al texto normativo realizados por el Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencias de inconstitucionalidad, enmiendas sobre los aspectos que se solapan y son contradictorios entre la Ley de Partidos y de Régimen Electoral”.
“Además, esta nueva legislación electoral debe incluir un examen riguroso de compatibilidad entre el texto de la reforma y la Constitución, para evitar que no sea objeto de tantos recursos de inconstitucionalidad posteriormente”, señalan los autores del estudio, Vladimir Rozón y Jean Luis Sanó, coordinador e investigador de la Unidad de Partidos Políticos del OPD, respectivamente.
El informe añade que en el período 2015-2020, los principales temas de la agenda de reformas en América Latina han sido la paridad de género, la reelección y la representatividad y la cantidad de legisladores en el congreso.
Apunta que, a diferencia de lo que ocurrió́ entre 1978 y 2015, cuando la mayor parte de las enmiendas quedaron recogidas en sendos cambios constitucionales, la mayoría de las realizadas en ese período se tradujeron en leyes electorales o de partidos, como es el caso de República Dominicana y Argentina.
O que supusieron cambios constitucionales sin generar un proceso constituyente que redactara un nuevo texto constitucional, como es el caso de Chile, Colombia, Honduras, México, Ecuador y Guatemala.
El documento muestra que las revisiones en la región se han producido de forma intensa entre 1978 y 2018, dando cuenta del modo en que las élites de los partidos políticos conciben la relevancia del cambio institucional como una vía de transformación del orden político, además de que han sido impulsadas sin la participación activa de la ciudadanía en el diagnóstico ni en la elaboración e implementación de las reformas.
Agrega que entre los posibles focos de atención en las futuras modificaciones se encuentran aquellos temas concernientes al financiamiento político, el método D’Hondt y a la Procuraduría Especializada en Delitos y Crímenes Electorales.
El método D’Hondt, creado por el jurista belga Víctor d’Hondt en 1878, es una regla de promedio mayor para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional por listas electorales.
Se caracteriza por dividir mediante sucesivos divisores los totales de los votos obtenidos por los distintos partidos, dando secuencias de cocientes decrecientes para cada partido y asignando los escaños a los promedios más altos. INS
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