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Vertedero. / Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 19 jul (INS).- Peritos señalan en sus testimonios forenses que los vecinos del vertedero de Toa Alta enfrentan “un riesgo significativamente alto” de gastroenteritis, infecciones en la piel, problemas respiratorios e infecciones de ojos y oídos y que “el riesgo de muerte por exposición a patógenos para niños adultos mayores y pacientes inmunocomprometidos puede aumentar hasta 100 veces más que la población general”.
Añaden en sus declaraciones al Tribunal Federal en Puerto Rico que los niños que juegan en las cercanías del vertedero enfrentan riesgo mayor de infecciones respiratorias y un 28% de probabilidad de contraer rotavirus, que causa diarrea. El testimonio pericial sometido cubre ingeniería, lixiviados, hidrología, microbiología, epidemiología y geotecnología.
La situación del vertedero de Toa Alta no dista poco de las condiciones de los demás vertederos existentes en otros municipios, por lo que mejorar el manejo de los desperdicios sólidos y abordar la problemática de los vertederos y sistemas de rellenos sanitarios en Puerto Rico se ha convertido en prioridad para EPA.
El Departamento de Justicia federal pidió una orden judicial para cerrar el vertedero de Toa Alta en 60 días y someter la propiedad a un plan de monitoreo mensual y mitigación de las amenazas ambientales y salubristas que representa para la comunidad.
El juez federal Daniel R. Domínguez estableció un plazo de 14 días para que el ayuntamiento indique por qué no debe conceder los 13 elementos de la solicitud interdictal del gobierno federal y pautó una vista para el 12 de agosto a la que deben comparecer todas las personas de cada lado de la controversia que tengan poder para autorizar un acuerdo.
El municipio se negó a dar acceso al vertedero para tomar muestras de lixiviados después de la radicación del pleito. Además, el municipio ya incumplió con una orden de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) de 2017 que le prohibía seguir aceptando desperdicios en la propiedad.
En Puerto Rico hay aproximadamente 29 vertederos y sistemas de relleno sanitario en operación, la mayoría de los cuales se encuentran más allá de su capacidad máxima. En el año 2002 la EPA comenzó a involucrarse directamente para ocuparse de estos vertederos y sistemas de relleno sanitario y continúa trabajando estrechamente con la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA).
La EPA se ha enfocado en cuatro aspectos: el cierre de vertederos abiertos (es decir, vertederos a largo plazo, que estén en incumplimiento). También, implantar el sistema de reciclaje. Pero, además, reducir los gases de efecto invernadero mediante sistemas de recolección de gases de vertederos, control y recuperación de energía y mejorar las operaciones en los vertederos y sistemas de relleno sanitario existentes.
Al momento, la EPA posee acuerdos judiciales para cerrar 12 rellenos sanitarios, y la EPA continuará evaluando rellenos sanitarios y desarrollando acuerdos judiciales según corresponda.
La JCA recibió aprobación federal de la EPA en 1994, indicando que su programa de vigilancia y cumplimiento para desperdicios sólidos reflejaban adecuadamente los criterios federales referentes a vertederos y sistemas de relleno sanitario. Por lo tanto, la JCA tiene la responsabilidad principal de reglamentar los vertederos y sistemas de relleno sanitario de desperdicios sólidos en el Estado Libre Asociado, y los criterios federales para rellenos sanitarios que rigen los desperdicios sólidos no son directamente puestos en vigor por la EPA en Puerto Rico.
La JCA posee la autoridad únicamente de otorgar permisos y aplicar reglamentos de desperdicios sólidos en cuanto a vertederos y sistemas de relleno sanitario. Pero EPA utiliza su autoridad de cumplimiento conforme a la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), así como otros estatutos federales, para exigir que se tomen medidas concretas destinadas a atender peligros graves a la salud y el medioambiente.
EPA utilizó la sección 7003 de RCRA, la Autoridad Sobre Peligro Sustancial e Inminente en las Órdenes de Consentimiento de vertederos de Puerto Rico.
EPA ha trabajado también exhaustivamente con la JCA en la revisión de sus reglamentos de manejo de desperdicios sólidos, a fin de restablecer su conformidad con los requisitos mínimos federales.
Así, por ejemplo, la JCA adoptó en años recientes una resolución sobre los estándares de manejo para residuos de combustión de carbón y aprobó reglamentación nueva sobre desperdicios biomédicos.
Adicionalmente, la JCA está en proceso de desarrollar enmiendas a su reglamentación de manejo de desperdicios sólidos no peligrosos y expandir un programa regulatorio para la composta. No es práctico cerrar inmediatamente la mayor parte de los vertederos y rellenos sanitarios en Puerto Rico. La estrategia de la EPA y la JCA ha sido cerrar primero aquellos que representan amenazas mayores para el medioambiente y para la salud de las personas.
Con respecto a los acuerdos de cumplimiento de EPA, la agencia federal ha ordenado que los rellenos sanitarios que han llegado a plena capacidad dejen de recibir desperdicios y cierren debidamente. Se permite a otros vertederos que no han llegado todavía a su capacidad que continúen aceptando desperdicios, siempre y cuando estén en cumplimiento con los reglamentos ambientales.
Las Órdenes de EPA estipulan que ciertos vertederos y sistemas de relleno sanitario pueden construir celdas nuevas para desechar desperdicios que estén en cumplimiento, a fin de asegurar que haya espacio adecuado para desechar desperdicios sólidos municipales en la isla. Ahora hay 10 sistemas de rellenos sanitario que operan celdas de desecho en cumplimiento.
Conforme a todas las Órdenes de Consentimiento de EPA y un Decreto de Consentimiento, los vertederos abiertos deben dejar de recibir desperdicios y cerrar debidamente tan pronto sea técnica y económicamente viable para estos.
Las Órdenes de Consentimiento de EPA y el Decreto de Consentimiento van más allá de la mera exigencia del cierre adecuado. Se incluyen disposiciones abarcadoras sobre reciclaje y compostaje en 10 de las once nuevas Órdenes de Consentimiento de EPA y en el Decreto de Consentimiento. Otros controles ambientales y de ingeniería requeridos incluyen el monitoreo de aguas subterráneas, controles para lixiviado (filtraciones) y controles para agua de lluvia (escorrentías) además del monitoreo y control de gases de vertederos
Además, ha tomado medidas para fomentar y cultivar mayores índices de reciclaje en los municipios del Estado Libre Asociado. En 2010, EPA ayudó a establecer la Asociación de Reciclaje de Puerto Rico (PRRP, por sus siglas en inglés) para promover la reutilización, el reciclaje y el compostaje limpio en todo el Estado Libre Asociado.
Ha habido algunos esfuerzos, aunque caracterizados por ser tímidos, de reducir la cantidad de desperdicios generados y aumentar el reciclaje a través de otros programas de EPA como WasteWise y la Competencia para Recuperación de Alimentos, y ha colaborado con la JCA y la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico (ADS) sobre administración y planificación de materiales.
Hay un programa de EPA dirigido a establecer planes de control de los mosquitos para todos los rellenos sanitarios de Puerto Rico. La EPA envió cartas a los rellenos sanitarios bajo las órdenes de la EPA, a partir de abril 2016, exigiéndoles presentar e implementar inmediatamente planes de control de mosquitos, e hizo de los planes un requisito para las órdenes futuras. Esto es especialmente importante para ayudar a prevenir la transmisión de virus como del Zika en la isla.
Hasta la fecha, hay unos siete vertederos que han establecido ya dichos planes. Más recientemente se han enviado cartas a todos los vertederos y sistemas de relleno sanitario que no están bajo las órdenes de la EPA, solicitándole que se desarrollen y presenten planes a la JCA.
La crisis fiscal en Puerto Rico hace más difícil para los municipios manejar debidamente el tema de los rellenos sanitarios. El gobierno central de Puerto Rico enfrenta una crisis presupuestaria que se extiende a los municipios, los cuales siempre han tenido fondos limitados para implementar los controles ambientales y de ingeniería requeridos para mejorar y a fin de cuentas, cerrar los vertederos.
Este problema se exacerba porque la JCA antes había eximido a los municipios del requisito de apartar fondos para el cierre, y con la merma en recursos del gobierno central a disposición de la JCA para llevar a cabo sus programas de vigilancia cumplimiento en el manejo de desperdicios sólidos. INS
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