Inter News Service Agencia de Noticias
José Joaquín Villamil. / Inter News Service, archivo
San Juan, 15 jul (INS).- El comité bipartita de exsecretarios y exdirectores del Departamento de Desarrollo Económico (DEC), representados por Antonio Colorado y Jaime Morgan Stubbe, en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico, el Colegio de CPA y la Asociación de Constructores, se opusieron fuertemente al proyecto del Senado 40, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, que pretende eliminar los incentivos económicos para que extranjeros inviertan y establezcan negocios y residencia principal en Puerto Rico.
La medida se discute esta semana en la Comisión de Hacienda del Senado.
“Estos incentivos no le cuestan nada a Puerto Rico y según dos estudios económicos del Departamento de Desarrollo Económico durante esta década, estas leyes han creado entre 36,000 a 40,000 empleos, y generado 2,500 millones en inversión nueva y 245 millones en recaudos para el gobierno. Por tanto, las leyes están funcionando bien y solicitamos que no se cambien para que pueda existir certeza y confianza en el Gobierno de Puerto Rico. Hay que entender que el país está en quiebra y si siguen con la política del cambia-cambia cada cuatro años, nadie va a venir a invertir aquí. Esta legislación pretende matar a la gallina porque solo ha puesto un huevo en vez de dos, y después no van a tener ni huevos ni gallina”, expresó durante audiencia pública Colorado, exadministrador de Fomento Económico.
Por su parte, Stubbe expuso que esta legislación beneficia al empresario puertorriqueño en la medida que ha creado una demanda por bienes y servicios significativa.
La migración a Puerto Rico de nuevos residentes con capital ha revitalizado el mercado de viviendas que estaba paralizado desde 2010, creando miles de empleos en este sector, al igual que el mercado de ventas al detal y de autos.
“El efecto multiplicador en la economía y en los recaudos de Hacienda es incremental y medible, como muestran los estudios”, concluyó Stubbe.
El proyecto del Senado 40 pretende derogar la Ley 20 de 2012 (“Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”) y la Ley 22 de 2012 (“Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”).
Actualmente ambas leyes son parte de la Ley 60 de 2019.
“Es absurdo que se pretenda trastocar el programa de incentivos que tiene el sector de mayor crecimiento, con la mayor y más rápida creación de empleos por decreto y el mayor rendimiento por inversión. Actualmente, se generan entre 36,000 a 40,000 empleos y se estima que para el año 2029 ambas leyes combinadas generarán 60,000 empleos, una inversión de 7,400 millones en bienes raíces y 21,800 millones en ingresos para las empresas Ley 20 operando desde Puerto Rico. Aprobar el proyecto 40 destruiría estos logros y afectaría el potencial de crear nueva actividad económica y el potencial del programa 20-22”, comentó por su parte el economista Gustavo Vélez.
Por otro lado, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), también se expresó en contra de la medida, resaltando los datos de creación de empleos, inversión económica e impacto fiscal al gobierno que se desprenden del estudio económico realizado por el economista Joaquín Villamil para el Departamento de Desarrollo Económico.
En su ponencia escrita, la organización profesional expresó que “es importante que esta Asamblea Legislativa evalúe todas las medidas que puedan afectar la economía de todos los sectores económicos de manera integral, en lugar de aprobar medidas individuales que, aunque sean simpáticas o adelanten causas positivas, representen una carga onerosa sobre nuestra actividad económica sin un efecto real en la promoción de dicha actividad. De hecho, somos del parecer que una medida como la presente debe ser evaluada con detenimiento, ya que entendemos que la derogación que la misma propende pudiera tener un efecto significativo en los mermados recaudos sobre los que descansa el gobierno. Esto, de modo que, ante la difícil situación económica y fiscal que enfrenta el país en estos momentos, podamos contribuir a nuestra recuperación con agilidad, celeridad y de la manera más efectiva y exitosa posible”.
Por último, el Departamento de Desarrollo Económico dio una estocada a la medida expresando su firme oposición a la pieza legislativa.
Basados en los estudios económicos antes mencionados expresaron que “la actividad económica que se está dando difícilmente ocurriría a no ser por los incentivos ofrecidos. La derogación crearía la falsa impresión de que Puerto Rico no está abierto para hacer negocios. Así mismo crearía una sensación de inestabilidad e incertidumbre que afectaría la percepción de Puerto Rico a nivel nacional y mundial, lo cual puede ser contraproducente para Puerto Rico”.
Hasta el momento el proyecto del Senado 40 no ha recibido el respaldo de ningún deponente.INS
lp
