P. Rico-Denuncian ilegalidad de proyectos de fincas solares ubicados en Hatillo y Salinas, y advierten que construcciones que se levantarán en 600 cuerdas acelerarían pérdida de terrenos agrícolas 

San Juan, 9 jul (INS).- Un grupo de organizaciones ambientales de Puerto Rico denunció que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizaron de manera ilegal la construcción de dos proyectos energéticos para establecer fincas solares en Salinas y Hatillo, los cuales no cuentan con consultas aprobadas por la Junta de Planificación.

Las organizaciones El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Comité Diálogo Ambiental, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica, y Earthjustice informaron que los proponentes de los dos proyectos aprobados de manera ilegal son las compañías Xzerta-Tec Solar I y CIRO One Salinas. 

“Estos proyectos pretenden ocupar más de 600 cuerdas en terrenos en la zona ganadera de Hatillo y agrícola de Salinas. El proyecto X-Zerta-Tec Solar I en Hatillo se ubicaría en varias fincas altamente productivas dedicadas a la producción de leche y el de Salinas pretende ocupar dos canales de riego de suma importancia para la agricultura en la zona sur”, explicó David Sotomayor, catedrático en Suelos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez. 

En 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió al NEPR una solicitud de enmiendas a los contratos de compraventa de energía renovable en 16 proyectos no operacionales para una capacidad proyectada de 590 MW. 

Los proyectos se originaron durante la administración gubernamental de 2009 a 2013, producto de un proceso expedito (“fast-track”) “sin contar con participación ciudadana o evaluación rigurosa de los impactos directos y a largo plazo para el desarrollo sostenible del país”, dijo Victor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental. .

Tanto el NEPR como la JSF aprobaron recientemente la construcción de dos de los 16 proyectos: el de Xzerta-Tec Solar I en Hatillo y CIRO One Salinas. 

Pero según el portavoz, “estos proyectos no cuentan con un proceso de participación ciudadana o una evaluación rigurosa de los impactos directos e indirectos a corto y largo plazo para el desarrollo sostenible de Puerto Rico. Solo cuentan con consultas aprobadas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del 2014, pero no por la Junta de Planificación”. 

Añadió que “esto es un proceso ilegal, ya que todo proyecto prioritario tiene que estar en cumplimiento del Plan de Uso de Terrenos (PUT) y su ley habilitadora”, denunció Victor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, quien expuso que “con estos permisos de OGPe del 2014 fue que se autorizaron estos proyectos en el 2021”.

Marissa Reyes, portavoz de la organización El Puente, recordó que “estas consultas del 2014 no cumplen con el PUT, donde claramente se estipula que la energía renovable no es compatible con terrenos clasificados como agrícola o en conservación, algo que no está siendo respetado por estos mega-proyectos”.

Para la vocera, “urge proteger los terrenos agrícolas designados por el Plan de Uso de Terrenos para la protección y aumento de producción agrícola. Las autoridades, el NEPR, la JCF, el Departamento de Agricultura y los contratistas tienen el deber de respetar el PUT”.

Por su parte, Alfredo Vivoni, portavoz de la organización Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, indicó que es importante para esta y futuras generaciones reducir la huella de carbono, generar energía en forma descentralizada y preservar los terrenos para uso agrícola: “Puerto Rico necesita con urgencia una transición energética a energía renovable, pero no a costa de amenazar el 15-20% de producción alimentaria que posee”.

Vivoni alertó también que la AEE propone ubicar y construir los 16 proyectos en terrenos agrícolas altamente productivos o actualmente dedicados a la producción agrícola o en conservación. 

El impacto de la construcción y operación de los 16 proyectos fotovoltaicos podría llegar a 5,000 cuerdas de terreno y muchos de estos en terrenos de alto valor agrícola. 

“Estos proyectos pretenden producir un total de 137 MW a un costo estimado de 10 a 14 centavos el kilovatio por hora. Este costo no tiene presente los gastos de transmisión y distribución que al presente dirige LUMA Energy. Es importante resaltar que el NEPR y la JCF no hablan de los costos adicionales que tienen estos proyectos que el pueblo de Puerto Rico tiene que rembolsar de al menos 11.3 millones por interconexión”, resaltó.

Agregó que “es urgente de igual manera mejorar nuestra seguridad alimentaria, ya que estos mega-proyectos ocuparían áreas que pueden ser usados para la producción de cosechas o animales, provocan un gran movimiento de suelo y alteran los patrones de lluvia-escorrentía”.   

Las organizaciones exhortaron a la ciudadanía a exigir que la AEE utilice los fondos de FEMA para adquirir equipos solares y sistemas de baterías que sean instalados por la empleomanía de la AEE en los techos de las residencias y los comercios en colaboración con las comunidades organizadas. 

“Apoyamos la propuesta Queremos Sol, la cual es clara y accesible para la producción de energía en los techos viables de Puerto Rico y es así como debe desarrollarse la producción de la misma, no amenazando los pocos terrenos de producción agrícola que tiene el país. En un estudio de marzo de 2021, Queremos Sol resalta entre los resultados que para el 2035 podemos alcanzar el 75% de generación utilizando paneles solares en techos”, informó Vivoni.INS

lp