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Ramón Ruiz Nieves./Inter News Service
San Juan, 8 jul (INS).- El senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno, encabeza hoy una audiencia pública para evaluar la Ley 80 de Retiro de Empleados Públicos, bajo la resolución del Senado 32, de su autoría.
La audiencia pública está programada para comenzar a las 11:00 de la mañana en el salón Miguel Ángel García Méndez del anexo del Senado.
La comisión ha realizado tres audiencias públicas: el 12 de marzo, 6 de abril y 4 de mayo, con representantes de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Autoridad de Asesoría Financiera y Agente Fiscal (Aafaf), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento del Trabaio y Recursos Humanos(DTRH) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR).
“Además, se recibieron comunicaciones de diferentes funcionarios y servidores públicos de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hoy tenemos citados tanto a la Asociación, como a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico”, detalló Ruiz Nieves.
El legislador señala además que “lamentablemente, en estos momentos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha impedido al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la implementación de la Ley 80 en beneficio de nuestros trabajadores del sistema público. De hecho, la Junta ha impugnado varias leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y el Tribunal Federal ha impedido su puesta en vigor de las mismas. Hay una incertidumbre tremenda sobre esta Ley 80. Lo que estamos buscando es clarificar las cosas y lograr soluciones”.
Ruiz expuso el ejemplo del 23 de diciembre de 2020, cuando la juez Laura Taylor Swain emitió una opinión y orden mediante la cual impidió al gobierno la puesta en vigor de cinco leyes válidamente aprobadas.
“No podemos alejarnos de la realidad actual de los pensionados del Sistema de Retiro. La crisis financiera por la cual ha atravesado el Gobierno nos obliga a atender la situación de los servidores públicos con un alto sentido de responsabilidad y compromiso”, sentenció.
Agregó que “ante esta situación ha quedado demostrado que un gran número de empleados públicos, por razones diversas, se mantienen laborando a pesar de haber cumplido con los requisitos para acogerse al retiro. La complejidad de la situación requiere esfuerzos dirigidos a conocer los pormenores de las gestiones realizadas en su beneficio”.
La Ley 80 se originó como una alternativa para proveer un retiro incentivado a los empleados públicos que cualifiquen bajo ciertas disposiciones.
Desde su inicio, recibió señalamientos requiriendo información pública y proyecciones de impacto fiscal por la JSF.
El político aseguró que a la fecha, la Ley 80 de 2020 “no ha podido ser implementada a cabalidad para cumplir con las expectativas de una ventana de retiro incentivado a los miles de empleados del gobiemo que confiaron en su implementación”.INS
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