P. Rico-Asppro se une como amigo de la corte e al Centro de Periodismo Investigativo en su exigencia de información a la JSF

San Juan, 25 jun (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se unió, como amigos de la corte, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el pleito para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entregue todos los documentos, comunicaciones e intercambios de esta con las agencias del gobierno de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

Pasados cuatro años de que el CPI sometiera la demanda federal de acceso de información y luego de haber hecho una primera entrega de 18 mil correos electrónicos como consecuencia de una orden del juez federal Jay A. García Gregory, la Junta se niega a entregar otra (22 mil emails) y rehúsa producir una bitácora que le permita al tribunal federal evaluar las razones por las que no se produce el resto de la información. 

El ente recurrió al Primer Circuito de Boston para pedir que se revoque la decisión del juez García Gregory a favor del CPI y que la demanda sea desestimada.

“Para la Asppro es importante cada recurso que dignifique el derecho de todos los ciudadanos a saber. La Junta de Control Fiscal no está exenta de eso. Esperamos que los tribunales ratifiquen ese derecho de los ciudadanos. El oscurantismo no es la opción. Merecemos saber”, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

El caso del CPI busca que la Junta cumpla con el derecho local, nacional e internacional de publicar todo lo relacionado a aquello que afecte el erario al que aportan los ciudadanos. 

La JSF argumenta que la ley Promesa limita la información que pueden publicar. 

Sin embargo, según los abogados de la Asppro, Promesa no puede impedir la aplicación del derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución y en el derecho internacional. 

El amigo de la corte de la Asppro, preparado por la organización Ayuda Legal Puerto Rico, busca que el tribunal reconozca la jerarquía de estos derechos sobre los argumentos de privación de información clave sobre la deuda del gobierno de Puerto Rico y sus negociaciones. 

“La Junta no se puede refugiar en una inmunidad absoluta para impedir la participación de los medios y el pueblo en la fiscalización de sus funciones”, afirmó Ariadna Michelle Godreau Aubert, abogada de la Asppro en acuerdo con la organización Ayuda Legal Puerto Rico (AyudaLegalPr.com). 

En el documento sometido ante la corte federal se señala que, “como es ampliamente conocido, la política fiscal es política pública”.

La Junta ha rechazado entregar miles de documentos sobre sus negociaciones con bonistas y que el CPI, así como la Asppro y otros amigos de la corte entienden que son públicos y que los ciudadanos deben conocer.INS

lp