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Imagen de la diputada oficialista Rosa Amalia Pilarte López, acusada de realizar transacciones por más de 45 millones de dólares producto del narcotráfico./Inter News Service
Santo Domingo, 22 jun (INS).-La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó este martes investigar a la diputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en representación de la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, por supuestos delitos de narcotráfico y lavado de activos, en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde.
La medida fue implementada mediante la ordenanza 000051 que designó al procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales para que le dé seguimiento al caso.
La congresista Pilarte López, quien se ha declarado inocente, figura como imputada en el expediente instrumentado contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, a quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega, región norte del país.
La incriminación incluye a los representantes de las compañías Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette, denominadas “empresas de carpeta” que son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos a través de las actividades del narcotráfico.
Por participar en la red permanece prófugo el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por el trasiego de la sustancia ilegal.
Los fiscales investigadores sostienen que la organización criminal movió, entre 2007 y 2019. más de RD$2,000 millones (35 millones de dólares), detalles que fueron corroborados por los trámites económicos en los bancos nacionales y cuyo origen eran las jornadas ilícitas. El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111,722 pastillas de éxtasis.
Según la Procuraduría General de la República, López Florencio y su esposa, diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien es odontóloga de profesión, utilizaban como testaferro al empleado José Antonio Román para ocultar los valores y a sus familiares cercanos para guardar propiedades y otros bienes.
Señala que a nombre de un señor identificado como José Antonio Román y de diversas empresas, el supuesto cabecilla de la red de lavado de activos llegó a hacer depósitos financieros por la suma de RD$3,168,764,813.00 (equivalente a 55,6 millones de dólares).
Afirma que, a través de su esposa, López Florencio realizó transacciones que se elevaron a $2,593,377,316.00 (un total de 45 millones de dólares), “evidenciándose que también forma parte esencial de la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico”.
Según el informe, los recursos movidos en el sector financiero no se corresponden con los reportes de los imputados a la Dirección General de Impuestos Internos, ya que crearon “empresas de carpeta” para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
La Procuraduría General de la República reportó que durante el operativo se ocuparon cientos de documentos, dos helicópteros, “una cantidad indeterminada de dinero, varios inmuebles valorados en cientos de millones de pesos”, y se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad de los imputados.
A Miguel Arturo López Florencio se le imputa la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02.
El grupo infringió, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.
La acusación levantada por el Ministerio Público contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar ante un tribunal la culpabilidad de los implicados.
En el proceso de investigación se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo ubicadas en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana, valoradas en miles de millones de pesos. INS
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