P. Rico-Se abre debate sobre medida que busca transmitir en vivo procesos civiles y penales a través de mecanismos digitales

San Juan, 11 jun (INS).- El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, representante Orlando Aponte Lugo, encabezó una audiencia pública sobre el proyecto de la Cámara 522, que busca enmendar la Ley de la Judicatura, a los fines de incluir que los procesos civiles y penales sean transmitidos en vivo a través de mecanismos digitales.

La pieza legislativa recibió la opinión del Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales del Poder Judicial (OAT), la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) y la organización sin fines de lucro Servicios Legales de Puerto Rico.

Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post Sentencia de la SAL, destacó ayer que la mayor preocupación de la Sociedad es que “se pretenda (con el proyecto) sustituir el ‘juicio público’ de forma presencial y que aceptemos como suficiente la difusión pública de los procesos a través de mecanismos digitales”.

“Esto incidiría sobre la posibilidad de que el acusado tenga un juicio justo e imparcial. De igual forma, no debemos restarle importancia y valor a lo que representa la presencia física de las partes en un proceso penal en el ejercicio del derecho a confrontación, la asistencia legal adecuada y oportunidad en el proceso, el relato de los testimonios de los testigos frente al acusado y a la ciudadanía que se presenta en las salas”, explicó.

De acuerdo a la representante de la SAL, “en un proceso donde la libertad de un ser humano está en juego debe estar altamente garantizada de forma tal que el acceso sin límites de la tecnología y con la consecuencia de sustituir o hasta eliminar la comparecencia física de las partes en los procesos, no sea la norma en nuestro sistema de justicia penal. Creemos que es el acusado quien principalmente ostenta ese derecho y quien debe dar su aprobación a que haya una difusión pública masiva de todo el proceso en su contra”.

Por su parte, el representante Aponte Rosario sentenció que “no debería parecer que este proyecto busca sustituir la presencia de un acusado en el tribunal”. 

El legislador hizo hincapié que actualmente en los tribunales se llevan a cabo vistas en formatos remotos y grabando los procesos en algunas salas. 

“Queremos que, en vez de archivar esas grabaciones, el pueblo pueda conocerlas. Algo similar, cuando el gobernador se expresa en una conferencia de prensa sobre un tema que el país desea conocer su ejecución”. 

Según el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, la transmisión de las vistas por medios electrónicos “requiere un análisis ponderado sobre su viabilidad y los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles”.

En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con reglamentación, aprobada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que autoriza, a manera de proyecto experimental, la cobertura electrónica de los procesos judiciales mediante la toma de fotografías y la grabación de audio e imágenes, y su reproducción y difusión por los medios de comunicación. 

“En ningún proceso judicial se permite el uso de cámaras fotográficas y/o de equipo audiovisual de difusión, a menos que el juez que presida el proceso judicial, en el ejercicio de su discreción, lo autorice por escrito. Asimismo, el juez tiene discreción para autorizar el uso de equipo electrónico adicional (tales como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, entre otros) para la transmisión de información a través de las redes sociales o cualquier blog en vivo”, sentenció Steidel Figueroa en su memorial explicativo. 

Por otro lado, el Departamento de Justicia presentó una ponencia explicativa firmada por su secretario Domingo Emanuelli Hernández, donde estableció que la medida deberá proteger múltiples casos que son de naturaleza sensible. 

“Los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible que requieren por ley de un acceso controlado y, por ello, no son compatibles con la posibilidad de que posteriormente la grabación se haga pública, aunque sea de manera suprimida o limitada, independientemente de quien lo solicite”, expuso. 

Emanuelli Hernández también resaltó que el proyecto impondría a la Rama Judicial un programa o tarea de mucho más alcance que pudiera significativamente impactar sus operaciones, su presupuesto, su quehacer administrativo y la discreción judicial que poseen los jueces para hacer determinaciones bajo el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotografías y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM). 

Según la exposición de motivos de la medida, la Rama Judicial “se ha empecinado en hacer caso omiso a los requerimientos de información que se le ha hecho desde varios flancos, cosa que pone en duda la imparcialidad de sus procedimientos”. 

“Se hace preciso robustecer y ampliar los contornos del derecho general conferido a los ciudadanos de acceder a la información que obra en poder de la Rama Judicial, mediante el establecimiento de pautas claras y concisas”, rezó el proyecto presentado por el representante Er Yazzer Moralez Díaz.INS

lp