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Muchos empleados de la AEE están inconformes con la movilidad dispuesta en la Ley para la Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico./Inter News Service
San Juan, 9 jun (INS).- La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) ha recibido miles de apelaciones de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa Luma Energy.
El presidente de la CASP, Laudelino Mulero, informó que, hasta ayer, la dependencia pública contaba con un aproximado de 8,286 casos activos, de los cuales más de 6,000 son solicitudes de apelación.
La agencia constituye el foro apelativo al que deben recurrir los empleados públicos que desean revisar dictámenes relacionados con sus condiciones de empleo.
A pocos días del comienzo de operaciones de Luma Energy, trascendió que la CASP había recibido más de 2,400 solicitudes de apelaciones por parte de exempleados de la AEE.
Mulero hizo las expresiones en una audiencia pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que evalúa el proyecto 810, que busca establecer un tiempo límite para la adjudicación de controversias pendientes en momentos en que la agencia ha recibido las apelaciones de exempleados de la AEE.
Mulero atribuyó la imposibilidad de resolver todas las apelaciones presentadas en un término máximo propuesto de seis meses –desde el momento que se apruebe la medida– por la situación presupuestaria de la agencia y una escasez significativa de personal.
La CASP cuenta con un total de 37 empleados, de los cuales ocho se dedican a atender los casos de apelación.
La pieza legislativa -sometida por los representantes Denis Márquez Lebrón, Luis Ortiz Lugo y Luis Raúl Torres Cruz- enmendaría el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Ley 2 de 2010).
Actualmente, el estatuto no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador deba resolver las controversias ante su consideración.
Según la exposición de motivos de la medida, esta situación ha permitido que los procedimientos ante la CASP puedan tomar meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de los trabajadores a que sus reclamaciones sean atendidas de forma diligente.
El presidente de la CASP informó a la comisión cameral que han logrado reducir el tiempo promedio de un caso ante consideración de 1,340 días (3.67 años) a 854.58 días (2.34 años).
El funcionario afirmó que la reducción mayor se ha dado en los casos de apelaciones, los cuales promediaban 1,581.64 días (4.33 años) y se ha reducido a 832.57 días (2.28 años).
Sin embargo, Mulero reconoció a la comisión cameral que existen cerca de 1,500 casos –entre solicitudes de apelaciones y de arbitraje– que llevan más de diez años sin resolver.INS
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