P. Rico-Estudio hecho por el Center for American Progress en 2018 podría ser la hoja de ruta para modernización del sistema de energía eléctrica isleño

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 27 may (INS).- El 26 de septiembre de 2018, el Center for American Progress publicó un estudio en inglés, titulado «Building a Better Energy Future in Puerto Rico». El estudio fue hecho con el propósito de hacer una contribución al debate en la legislatura de Puerto Rico en torno a la reforma del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico.

Se observa en el estudio que en septiembre de 2017, la red eléctrica de Puerto Rico fue devastada por el huracán María. Once meses más tarde, el gobierno de Puerto Rico finalmente reconectó la electricidad a todos sus residentes. Fue el apagón más grande y más largo en la historia de territorio alguno de Estados Unidos y estuvo entre los apagones más grandes del mundo.

Indica el estudio que la única empresa eléctrica de la isla, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE, o PREPA, por sus siglas en inglés)—integrada verticalmente y dirigida por el gobierno—enfrentaba numerosos desafíos incluso antes de la tormenta.

Con la mayor parte de la red de Puerto Rico alimentada por costosos combustibles fósiles importados, incluyendo el 47 por ciento de la generación eléctrica que proviene del petróleo,3 el costo de la electricidad residencial en Puerto Rico es más alto que en la mayoría de los estados, puntualiza el estudio.

Añade que al mismo tiempo, el ingreso familiar promedio en la isla es menos de la mitad del ingreso familiar promedio en Mississippi, el más pobre de los 50 estados. La AEE (PREPA) tiene más capacidad de generación de la que necesita para satisfacer la demanda de electricidad a la isla en la actualidad, pero en gran medida se trata de plantas de combustibles fósiles heredadas, que son costosas de mantener y no son adecuadas para satisfacer las necesidades y objetivos energéticos de la isla. Puerto Rico aprobó un estándar de cartera para las fuentes de energía renovable (RPS, por sus siglas en inglés) en el 2010, que requiere que la AEE (PREPA) genere el 12 por ciento de su electricidad de fuentes renovables para el 2015, el 15 por ciento para el 2020 y el 20 por ciento para el 20354—objetivos que la AEE (PREPA) no ha cumplido hasta ahora.

Se contextualizaba en aquel momento que sólo el 4 por ciento de la electricidad en Puerto Rico es suministrada por fuentes de energía renovable.

El huracán María, que fue un huracán categoría cuatro (4) con vientos de hasta 155 mph cuando tocó tierra, expuso debilidades adicionales en el sistema, incluidas las líneas de transmisión pobremente mantenidas y sobrecargadas. Además de los problemas con la infraestructura física de la AEE (PREPA), décadas de mala administración financiera y corrupción política han afectado la salud fiscal de la empresa de servicios públicos, dice el estudio.

Sostiene el opúsculo analítico sobre la situación de nuestro sistema eléctrico. Que la AEE, incapaz de mantener los pagos a su deuda de $9 mil millones, comenzó ha  negociar con los acreedores para reestructurar sus obligaciones; en julio de 2017, se declaró en bancarrota, y en julio de 2018, anunció un acuerdo preliminar para reestructurar parte de esa deuda.

En su visión panorámica de la situación, el estudio deja saber que, a pesar de que las luces finalmente han vuelto a encenderse en todo Puerto Rico, aún quedan serios desafíos.

«La red eléctrica aún está inestable—un accidente causado por un equipo de reparación hundió a toda la isla en la oscuridad en abril de este año—y los expertos dudan de su capacidad para capear otra tormenta seria», lee una parte del estudio.

Agrega que, además, en lugar de hacer que la red eléctrica sea más resistente para futuras tormentas, el objetivo suele ser la restauración a la «condición previa al desastre».

Puerto Rico ha tomado una variedad de medidas para reformar su sector eléctrico, indica el estudio. Reseña que el gobernador de entonces, Ricardo Rosselló, firmó una ley que permite la privatización parcial de la AEE (PREPA).

Destaca el estudio también que el gobernador ha defendido el plan de privatización como una forma de reducir los costos de la energía, pero a los críticos les preocupa que, en realidad, la legislación pueda resultar en costos de energía más altos para los consumidores.

Se aclara en la sinopsis hecha que la ley establece a grandes rasgos la privatización, la que ocurriría en dos fases—la primera se centra en la generación de electricidad y la segunda en la distribución—pero enfatiza que se requiere más acción.

«A medida que Puerto Rico reconstruye su red eléctrica y considera el futuro de la AEE (PREPA), los formuladores de política pública deben aprovechar la oportunidad para promulgar cambios en su sistema regulatorio que permitirán a la empresa de servicios públicos de la isla brindar servicios a los residentes y las empresas mientras desarrollan un sistema de energía más limpia, más asequible y más confiable», resalta el estudio que se hizo para aquel entonces.

Aconseja, finalmente, mantener a la entidad pública regulatoria, hoy Negociado de Energía de Puerto Rico, como un ente regulador sólido, independiente y tecnocráticamente facultado para garantizar que la empresa a cargo de brindar el servicio eléctrico cumpla con las metas energéticas establecidas; aumente los esfuerzos y la inversión para integrar fuentes de energía limpia de bajo costo en la red eléctrica de la isla; y la transición a un sistema de regulación basado en el desempeño que aumentará la rendición de cuentas para priorizar la asequibilidad, la confiabilidad y las reducciones de emisiones. INS

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