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Wayne Stensby, presidente de Luma Energy. / Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 26 may (INS).- Luma Energy asumiría el control del sistema de energía eléctrica del país el próximo primero de junio sin la responsabilidad de responder por daño alguno, ni siquiera por daños que cometa el consorcio empresarial a propósito y con intención maliciosa, a juzgar por la cláusula de relevo de responsabilidad que hay en su contrato.
Así se dio a conocer en vistas que celebra el Negociado de Energía que examina la oposición presentada a esa cláusula del contrato, ocasión en que se pudo constatar que la cláusula («liability waiver») dejaría sin remedio a cualquier ciudadano que sufra un daño debido a la operación de la red eléctrica por parte de Luma.
Los escenarios contemplados en esa cláusula del contrato van desde enseres dañados hasta muertes causadas en la conducción de vehículos oficiales, pasando por caídas de postes.
Luma Energy estaría protegida de una inmunidad legal que nunca se le concedió a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Se ha planteado el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo convierte en ilegal ese tipo de relevo tan amplio a una empresa privada, agencia o corporación pública.
La cláusula de relevo de responsabilidad del contrato de Luma Energy releva absolutamente a la empresa de toda responsabilidad por sus actuaciones o situaciones que surjan como parte de sus operaciones empresariales para protegerse de cualquier eventualidad resultante de las condiciones en que se encuentra la infraestructura eléctrica del país tras el paso del huracán María y la actividad sísmica reciente en el suroeste del país.
De lo que se trata es de maximizar la responsabilidad en sus operaciones, porque si Luma Energy tiene que responder por las reclamaciones de los clientes, esto afectaría los costos operacionales.
Se incluye en la cláusula «liability waiver» el relevo de responsabilidad por actuación criminal intencional, porque si bien las acciones criminales requieren una premeditación de hacer daño, cuando hay conocimiento de que alguna ejecutoria tiene consecuencias perjudiciales a otros se va a causar el daño, puede esa ejecutoria caer dentro del ámbito de intención criminal. Esto incluye el relevo de responsabilidad por apagones selectivos y los daños que ello pueda causar.
La AEE tiene actualmente reclamos vigentes ascendentes a: $4,823,223.76 por suspensiones de servicio o fallas en la conexión); $13,739,940 (por accidentes debido a falta de iluminación pública o iluminación pública deficiente); $928,426.38 (por problemas de voltaje); $135,394,265.52 (por accidentes que involucran contacto con objetos electrificados); y $25,050,855.35 (por daños a la propiedad causado por el uso de la propiedad de la AEE).
Algunas de las actividades que generan reclamaciones contra la AEE incluyen accidentes causados por empleados en vehículos oficiales, o los accidentes con componentes de la red que culminan en muerte o daño corporal, desganches y la entrada a residencias privadas para manejar postes, cables y otros elementos de la red por virtud de las servidumbres de paso que se reconocen en la mayoría de las propiedades privadas de Puerto Rico que contienen elementos de la red.
Pese a esta exención en el reclamo de responsabilidades, a Luma Energy se le podrían pagar bonificaciones por cumplir con métricas de desempeño, pero enmarcado en el parámetro de esas métricas no se contempla el hecho de que si el consumidor entiende que es muy poco probable un remedio a un daño que la empresa causó, opta por ni siquiera presentar querellas o demandas, y entonces no aparecen tachas al desempeño empresarial.
Según se acerca la fecha del comienzo de las operaciones empresariales de Luma
Energy, siguen mostrándose las evidencias de lo leonino y mal negocio para el pueblo de Puerto Rico que es el contrato privatizador del sistema eléctrico del país de esta alianza público-privada. INS
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