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Miguel Andrés Gutiérrez Díaz./Inter News Service
Santo Domingo, 19 may (INS).-El gobierno de Estados Unidos habría tramitado solicitudes de extradición del diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, preso desde el lunes en Miami por tres cargos de narcotráfico, pedimento que al parecer arrastrará a oficiales militares dominicanos activos, empresarios y exfuncionarios, contra quienes la justicia estadounidense ha formulado cargos criminales.
La información sobre las solicitudes de extradición fue divulgada por el periódico vespertino local El Nacional, que asegura haberla obtenido a través de una fuente de alto nivel ligada a la investigación.
Los cargos contra Gutiérrez Díaz fueron formalizados el pasado 11 de marzo por un gran jurado federal de la ciudad de Miami, luego de su arresto, y serán conocidos el viernes en una corte federal.
“La fuente no precisó la cantidad de solicitudes de extradición, pero aseguró que hay oficiales militares activos, exfuncionarios y personas vinculadas al mundo empresarial”, dice el impreso.
Agrega que el legislador tiene otros casos pendientes por narcotráfico, en otras jurisdicciones de Estados Unidos, pero que se priorizó Miami por tener allí las acusaciones más graves.
En uno de los cargos presentados ante la jueza Alicia Otazo Reyes se establece que el congresista habría introducido a Estados Unidos entre 15 y 20 toneladas de cocaína, además de conspirar para distribuir drogas en territorio estadounidense.
Aunque el parlamentario fue apresado el pasado lunes, desde hace dos meses había una orden de captura en su contra, pero que no se podía ejecutar en República Dominicana debido a que disfrutaba de inmunidad parlamentaria, por lo que hubo que esperar que viajara hacia el territorio norteamericano, donde es propietario de una empresa.
No es la primera vez que militares, políticos y empresarios dominicanos son involucrados en acciones de narcotráfico, pero nunca los casos se habían tratado con tanto hermetismo como en esta ocasión.
En la investigación contra Gutiérrez Díaz colaboraron organismos dominicanos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En el país nunca hubo siquiera un rumor sobre los vínculos del legislador con el narcotráfico.
De acuerdo a la legislación dominicana, para un estado extranjero lograr la extradición de un nacional a su territorio debe la justicia del país en cuestión tramitar la solicitud con los soportes mínimos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la que a su vez la envía a la Procuraduría General de la República.
Allí el Departamento de Extradición estudia el caso, a fin de determinar si procede darle curso, lo que, en caso afirmativo, lo presenta por ante la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, desde donde se emite la orden de arresto contra la persona imputada. Posteriormente, el caso va al Poder Ejecutivo, quien emite el decreto que autoriza su salida del país.
En los nueve meses de gestión, el presidente Luis Abinader ha firmado la deportación de 13 dominicanos acusados de diversos delitos en Estados Unidos.
El listado lo integran Darío de los Santos Pascal, José Antonio Carmena Familia, Guadalupe Báez Gómez López, Alexander Reyes Johnny, Onéximo Méndez Félix, Anyerson de la Cruz Rosario (Angelo), Luis Manuel Genao Rivera (Genao), Luis Felipe Carmona, Francisco Javier Lora Brito, Moisés Polanco González (Tito Campeche) y Yamil Abreu Navarro.
Mientras que está pendiente aún la repatriación del narcotraficante César Emilio Peralta, alias César El Abusador, quien fue capturado en la ciudad Cartagena, Colombia, el pasado 2 de diciembre, por presuntamente dirigir una red de narcotráfico internacional que operaba desde la República Dominicana y es pedido por las autoridades de Estados Unidos.
Su traslado no ha sido posible porque cuando se formalizó la solicitud de destierro, en febrero del 2029, había surgido una crisis sanitaria mundial debido al brote de la Covid-19. INS
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