Inter News Service Agencia de Noticias
Donald Guerrero, Iris Guaba,, Lucía Medina, Félix Bautista, Radhamés Camacho, Robert Cruz, Wilson Paniagua y Kimberly Taveras Duarte interrogados por declaraciones juradas de bienes./Inter News Service
Santo Domingo, 14 may (INS).- La Procuraduría General de la República ya tiene en su poder una querella en contra de tres pasados ministros del gobierno de Danilo Medina Sánchez por presunta corrupción administrativa, desfalco y prevaricación.
Se trata de Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministros de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia y de Hacienda, respectivamente, señalados como hombres de confianza del anterior gobernante.
La acción judicial fue depositada por Antonio Marte, en representación de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra) y Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social (Fenattransc), a través de sus abogados Fredermido Ferreras Díaz y Carlos Manuel Mesa.
En la instancia se acusa a los exministros de ser los supuestos responsables de la desaparición de más de 17 mil millones de pesos del sector transporte (298,769,764 dólares), recursos establecidos por la Ley 253-12 para la sustitución de la flota vehicular del transporte de pasajeros y de cargas del país.
En la querella se les incrimina de violar los artículos 122, 123, 124, 405, 408, 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano.
“Existe una coalición de funcionarios públicos que se asociaron y apandillaron para distraer los fondos públicos que debieron de ser manejados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con las compañías y sindicatos de transporte que han recibido un daño irreparable”, indica el documento.
Antonio Marte, actual senador por la provincia Santiago Rodríguez, y Mario Díaz piden al Ministerio Público “establecer las responsabilidades penales correspondientes y procesar a los posibles autores de actos de corrupción, dolosos y fraudulentos”.
Consideran que la ley No-. 253-12 para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, en su artículo 20, consigna que: “Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y Premium, previsto en la Ley No.112-00, sobre Hidrocarburos.
Agrega que el impuesto será recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la captación estimada por este concepto será asignada en el Presupuesto General del Estado.
Sostiene la referida ley, además, que “el Ministerio de la Presidencia coordinará la utilización de dicho fondo e identificará los programas y proyectos a ser financiados y que 25% de estos ingresos deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte”.
Señala que el 75 % restante será utilizado para el desarrollo vial y que la administración y uso de estos recursos “está sometida al sistema de control interno y externo previsto por las leyes dominicanas, así como al régimen de contrataciones públicas”.
Aparte de este caso, la Procuraduría General de la República ha interrogado, desde el mes de octubre del 2020, a varios funcionarios salientes con relación a las declaraciones juradas de bienes, debido a las inmensas fortunas que ostentan.
Ellos son Donald Guerrero, Iris Guaba, ex directora del Plan Social de la Presidencia; Lucía Medina Sánchez y Radhamés Camacho, expresidentes de la Cámara de Diputados; senador Félix Bautista; Robert de la Cruz, asistente del expresidente de la República; Wilson Paniagua, alcalde del municipio de Pedro Brand.
Además, Kimberly Taveras Duarte, 23 años de edad y exministra de la Juventud, que, de acuerdo a la declaración jurada presentada ante la Cámara de Cuentas fungió como proveedora del Estado dominicano en gestiones anteriores y posee una fortuna por valor de 74 millones 77 mil 134 pesos (unos 1,300,527 dólares).
Han sido interrogados también por presuntos actos de corrupción el exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; el exministro de Economía, Juan Temístocles Montás; el exministro de Educación y ex titular de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret; y el exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita.
El 9 de febrero, en un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República informó que la acción contra Donald Guerrero y Lizardo Mézquita forma parte de una denuncia pública hecha por el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pagos irregulares a contratistas en la última etapa de las gestiones del presidente Danilo Medina de unos 21,000 millones de pesos dominicanos (369,068,532 dólares). INS
mv/lp
