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Lersy Boria./Inter News Service, archivo
San Juan, 11 may (INS).- El requerimiento de un grillete a cualquier agresor en violación de la Ley 54, el aumento a las penas por delitos tipificados en dicha ley, la certificación de intercesores legales por parte de organizaciones de derechos de las mujeres y la medida, presentada por petición, que busca derogar la legislación vigente sobre la ley de hostigamiento sexual, son algunas de las propuestas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) mediante proyectos de ley recién enviados a la legislatura.
La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, entiende que hay medidas y penas hacia los agresores que necesitan reevaluarse para el beneficio de las víctimas de la violencia de género.
«Los sucesos recientes de violencia de género contra las mujeres nos han marcado profundamente como pueblo, revelando una realidad abominable. No obstante, las puertorriqueñas y los puertorriqueños hemos creado conciencia colectiva de la emergencia por violencia de género, lo que ha ayudado a visibilizar el problema como nunca antes», sostuvo la funcionaria.
Boria Vizcarrondo agregó que «los reclamos que por décadas han alzado nuestras mujeres en búsqueda de la equidad, la seguridad y el respeto por su dignidad humana, por primera vez en nuestra historia se han convertido en la agenda más urgente reconocida por nuestro pueblo. Y es por esto que aprovecharemos esta oportunidad para afinar la responsabilidad del Estado para con estas víctimas».
En primer lugar, destacó el proyecto para enmendar los artículos 1.3(g) y 5.3 de la Ley 54 de 1989 («Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica», que busca viabilizar que organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres puedan, bajo la reglamentación aprobada de la OPM, tener la facultad legal de certificar a intercesores legales que asisten a las víctimas de violencia doméstica durante los procedimientos judiciales.
Por otro lado, el proyecto para enmendar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, que busca imponer que, al fijar fianza, todo agresor en violación a la Ley 54 esté sujeto a supervisión electrónica (grillete).
De acuerdo con la medida, esto evitaría que agresores en medio de un proceso criminal incurran nuevamente en actos de violencia contra la víctima.
«Al enmendar la Regla 218 emplearíamos todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para proteger a las víctimas de violencia doméstica durante el procedimiento criminal, que ya de por sí requiere un alto grado de valentía, voluntad y sacrificio para ser instado y hacerse la denuncia correspondiente», explicó la procuradora.
A la par con la Regla 218, también se presenta la enmienda a la «Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica», a los fines de concretizar y aumentar las penas por los delitos tipificados en los artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, así como enmendar el artículo 3.6 y 3.7.
Se pretende así aumentar las penas por delitos tipificados en varios artículos de la Ley 54, limitar las instancias en que estará disponible el desvío del procedimiento como cuestión de justicia retributiva y añadir de manera no discrecional la supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal al amparo de dicha ley.
También se presentó una medida por petición de la OPM sobre la «Ley Integral de Acción Afirmativa para Erradicar el Hostigamiento Sexual en el Empleo», que tiene como objetivo derogar la legislación vigente, “ya que esta fue concebida dentro de una realidad socioeconómica que ha cambiado marcadamente durante las pasadas tres décadas y esta no puede prever todas las situaciones probables en las que se desarrollarían las relaciones de empleo y se perpetrarían las abominables conductas de hostigamiento sexual”, declaró la funcionaria.INS
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