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San Juan, 6 may (INS).- Una veintena de organizaciones feministas e integrantes de la academia brindaron sus recomendaciones a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes como parte de un encuentro para trazar un plan de acción dedicado a atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico.
“Esta reunión es una de múltiples esfuerzos e iniciativas que estaremos realizando para atender este estado de emergencia (por violencia de género) que estamos atravesando en Puerto Rico”, dijo la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, presidenta de la comisión cameral.
Agregó que “la violencia de género no es un mero tema. Ni siquiera un simple problema. Es nuestra actualidad a la que nosotras las mujeres nos enfrentamos a diario. Es un problema cultural, de principios, de educación y de valores”.
Además, iinformó que el gobernador Pedro Pierluisi acogió una solicitud de parte de las presidentas de las comisiones de Asuntos de la Mujer en la Asamblea Legislativa para formar parte del comité PARE.
Mediante un conversatorio virtual convocado por el Caucus de la Mujer, las portavoces de las entidades sin fines de lucro coincidieron ayer, principalmente, en la urgencia de contar con mayor acceso a fondos para trabajar en la prevención de la violencia de género y la protección hacia las víctimas.
De igual forma, destacaron la necesidad apremiante de capacitar a profesionales en el manejo de casos de violencia de género en todas las ramas de gobierno tras el reciente caso de Andrea Ruiz Costas, una víctima de violencia doméstica a quien una jueza le denegó una orden de protección previo a ser asesinada por su expareja.
“Esos profesionales, como, por ejemplo, maestros, jueces, policías, y todo el sistema que está ahí a nivel de prevención primaria, o en términos de intervención cuando ocurren situaciones, ese personal tiene que estar capacitado y adiestrado. Eso es esencial”, manifestó Frances Hernández en representación de la organización Paz para la Mujer.
La portavoz indicó que, “de nuestra parte, tenemos la capacidad y el interés de apoyar todo lo que sea capacitación”.
Igualmente, subrayó la disposición de la entidad para ofrecer certificación a intercesores legales relacionada al manejo de casos de violencia de género.
Otra preocupación compartida por las invitadas giró en torno a la nueva legislación radicada en contra de la violencia de género en momentos en que existe una gama de medidas aprobadas a estos fines que, a su juicio, no han sido implementadas efectivamente.
Consideran, igualmente, que una serie de enmiendas realizadas durante el pasado cuatrienio a la Ley 54 de Violencia Doméstica resultaron, entre otras cosas, en un entorpecimiento a la protección de las víctimas.
Entre la nueva legislación presentada ante los recientes casos de feminicidios en la isla se encuentra el proyecto de la Cámara 714. para establecer, mediante ley, un currículo con perspectiva de género en las escuelas, así como el proyecto de la Cámara 713, para que el tribunal expida automáticamente una orden de protección con vigencia de un año en todos los casos en los cuales se encuentre causa para juicio por Ley 54.
Además, el proyecto de la Cámara 707 fue sometido para que en todos los casos por violencia de género siempre esté presente un funcionario del Ministerio Público durante la vista de determinación de causa para arresto de la persona agresora.
“Sí se podrá aprobar legislación sobre asuntos que no estén cubiertos, pero, por favor, creo que lo primero que deberíamos hacer es tomar en cuenta toda la legislación que ya existe”, sugirió la profesora y abogada Esther Vicente, directora de Inter Mujeres con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
En tanto, Emma Beníquez, directora ejecutiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, comentó que “en Puerto Rico hay muchísima legislación sobre el tema de la violencia en las relaciones de pareja. El problema que hemos visto desde el comienzo de la Ley 54 es un problema de implantación”.
La falta de estadísticas confiables acerca de la violencia de género y feminicidios en Puerto Rico fue otro problema puntual discutido durante la reunión. Las distintas portavoces indicaron que la escasez de estos datos dificulta la formulación de política pública efectiva para erradicar la violencia machista en la isla. “Resulta fundamental documentar las incidencias de violencia que afectan a las mujeres y llamarlas por su nombre, así como fiscalizar la atención y respuesta a cada una de estas situaciones”.
El encuentro también contó las portavoces de albergues para víctimas de violencia de género, quienes mencionaron la importancia de tener mayor acceso a pruebas de Covid-19 para facilitar el proceso de nuevo ingreso en medio de la pandemia y ante el incremento de mujeres que buscan servicios en sus instalaciones.
Mientras, la activista Anacaona Reyes llevó a la comisión un reclamo por la ausencia de hogares para personas dentro de la comunidad LGBTTIQ+ víctimas de violencia intrafamiliar.
Ante la discusión pública surgida en los pasados días, las organizaciones señalaron que existen una diversidad de factores que inciden en la violencia de género más allá de la salud mental, como el machismo, la inequidad, desigualdad socioeconómica, entre otros.
“No podemos perder de perspectiva que la violencia de género es un asunto de poder y control. Aunque sí hay problemas de adicción a sustancias controladas, aunque sí hay problemas de salud mental, la realidad es que es un asunto de poder y control”, coincidió el licenciado Víctor Casiano, en representación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).INS
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