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Según dispone el proyecto de la autoría del representante Víctor Parés Otero, las facturas de los servicios de Internet o telefonía muchas veces “adolecen de ser muy complicadas para el entendimiento de la ciudadanía en general’’./Inter News Service
San Juan, 6 may (INS).- La Comisión de sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, que encabeza la representante Estrella Martínez Soto, evalúa la resolución de la Cámara 555, que busca crear la “L ey de Orientación al Consumidor Sobre la Información de Contacto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en las Facturas de Compañías de Telecomunicaciones”.
El objetivo de la medida es ordenar a toda compañía de telecomunicaciones colocar en su factura la información de contacto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).
“La mayoría de los ciudadanos lo que necesitan es que los ayudemos a dirigir hacia donde ellos deben conseguir estas ayudas, orientarlos y canalizar sus preocupaciones sobre estas situaciones. Estaremos aquí para guiar a los consumidores y brindarle todas las facilidades posibles para mejorar estos servicios’’, expresó la presidenta de la Comisión.
Según dispone el proyecto de la autoría del representante Víctor Parés Otero, las facturas de los servicios esenciales muchas veces “adolecen de ser muy complicadas para el entendimiento de la ciudadanía en general’’.
Mientras el autor del estatuto, Parés Otero, destacó que “en este proyecto buscamos proteger a los consumidores y brindar más recursos para que puedan realizar sus facturaciones de manera más accesible y adecuada’’.
Además, la pieza legislativa requiere que “toda factura tiene que incluir una notificación alertando al cliente de que tiene un término de 20 días para objetar dicha factura y el proceso a seguir’.
Originalmente, la Ley 33 conocida por “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales”, según el legislador aplicaba a todas las corporaciones públicas que proveían servicios esenciales, incluyendo a las de telecomunicaciones.
Sin embargo, al desaparecer la Autoridad de Teléfonos y la Autoridad de Telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones son provistos por compañías privadas.
“Por tal razón, el alcance de la Ley 33 no se aplica a estas compañías’’, añadió Parés Otero.
Agregó que “es necesario que las facturas de las compañías de telecomunicaciones incluyan la información de contacto de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Resulta indispensable maximizar el acceso a la información a la ciudadanía, con el propósito de que conozcan sobre la existencia de este ente gubernamental, cuya misión es orientarlos, protegerlos y velar por sus intereses’’.
Por su parte, el presidente del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), Ian Carlo Serna confirmó en una audiencia pública que tienen una amplia jurisdicción sobre todos los servicios de telecomunicaciones, todas las personas que rinden estos servicios dentro del gobierno y sobre toda persona con interés directo o indirecto en dichos servicios o compañías.
Anteriormente, el NET el 31 de agosto de 2011 aprobó el Reglamento 8065, Reglamento sobre Manejo de Disputas y Suspensiones de Servicio de Telecomunicaciones y Cable Televisión, donde se dispone que las compañías darán notificaciones a sus clientes a acudir al NET.
“Consideramos que resulta necesario obligar a las compañías que brindan servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico a que también incluyan la información de contacto de la OIPC en las facturas que envían a sus clientes’’, declaró Carlo Serna.
Del mismo modo, la directora de OIPC, Hanna Rivera Díaz, expuso que el proyecto cumple con el objetivo de dar a conocer a los consumidores de los servicios de telecomunicaciones sobre la existencia de la agencia para que estos puedan beneficiarse de los servicios que ofrecen.
La directora sugirió modificaciones en el lenguaje del proyecto y requirieron más herramientas para expandir los esfuerzos mediáticos para poder llegar a un número mayor de consumidores de las telecomunicaciones.
“Necesitamos más herramientas para poder mejorar nuestros servicios y que los consumidores lleguen por su cuenta sin tener que hacer un esfuerzo titánico mediático. La medida resulta ser una en beneficio de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones de Puerto Rico’’, puntualizó, Rivera Diaz.
Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), mediante comunicación escrita del secretario Edan Rivera Rodríguez, indicó que, “como agencia, apoyamos maximizar el acceso a la información a la ciudadanía. Por tal razón, no tenemos objeción a que se apruebe. Ahora bien, recomendamos que se consulte con el Negociado de Telecomunicaciones, pues es esa la entidad que se encargaría de poner en vigor la medida propuesta”.INS
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