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Imagen de archivo de la procuradora general Miriam Germán Brito./Inter News Service
Santo Domingo, 5 may (INS).-La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró que ese organismo investiga alrededor de 500 casos societario de corrupción administrativa contra el Estado dominicano, de los cuales 400 son de los anteriores gobiernos.
Dijo existen alrededor de 100 casos corresponden a las investigaciones abiertas contra funcionarios de esta y la pasada gestión gubernamental.
“Había cosas que venían de antes, y la administración anterior ordenó parar a la persona que estaba en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Le ordenó parar esa labor y entonces nos encontramos una serie de procesos, algunos estaban en la Fiscalía del Distrito Nacional y hubo que requerirlos, pero procesos que no habían tenido ningún movimiento en años”, sostuvo.
Germán Brito manifestó que serán depurados todos los expedientes tramitados desde la Fiscalía, al considerar que después habrá que tomar decisiones respecto a esas investigaciones, “porque puede haber ahí casos de prescripción, pero habría que verlos uno por uno, porque ahí hay cosas de más de 10 años”.
Dijo que la Procuraduría General de la República está teniendo cuidado para instrumentar los procesos penales que se presentarán ante la justicia.
“Alguna gente se ha quejado de lentitud y no es necesariamente lentitud, es cuidado para instrumentar una acusación que resista el cuestionamiento de la defensa y que lleve la convicción del juez sobre la responsabilidad del juzgado”, manifestó Germán Brito al ser entrevistada en el programa El Día que dirige el periodista Huchi Lora a través de Telesistema, canal 11.
Miriam Germán Brito, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, dirige personalmente las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público con relación a varias denuncias de corrupción pública.
Actualmente, la magistrada encabeza el interrogatorio al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, investigado bajo las imputaciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
De igual forma, lidera la indagación de Juan Carlos Ventura, exesposo de Kinsberly Taveras Duarte, exministra de la Juventud, a quien las autoridades investigan por irregularidades administrativas; el caso del asesinato del abogado Yuniol Ramírez y la corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
En el interrogatorio a Donald Guerrero Ortiz, junto a la procuradora general estuvieron los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, respectivamente.
La acción del órgano de persecución en perjuicio de Guerrero Ortiz parte de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos dominicanos (368, 970,000 dólares), pero las indagatorias se extienden a otros hechos.
Además, investiga sobre el monto de 11,000 millones de pesos (193,270,000 dólares) destinados para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras.
En esa ocasión, esa dependencia estatal la dirigía Gonzalo Castillo, quien fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones generales y legislativas celebradas el 5 de julio del 2020, ganadas por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el 53 % de los votos en urnas.
Otro caso que Germán Brito encabeza es el de Kinsberly Taveras Duarte, la exministra de la Juventud a quien las autoridades investigan por supuesta corrupción.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó en noviembre pasado ante la Pepca, la documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el órgano persecutor contra Taveras Duarte, luego que la periodista Nuria Piera, a través de un reportaje, denunciara que la exfuncionaria había sido favorecida con contratos producto del tráfico de influencia.
Tras el escándalo, la joven, de 33 años, renunció como ministra y explicó que su fortuna de 106 millones de pesos (1,8 millones de dólares) proviene de los negocios que entabló con su exesposo, Juan Carlos Ventura y de sociedades con su actual pareja, Jheyson Castillo, hijo de la exdiputada y actual superintendente de Seguros, Josefa Castillo. INS
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