R. Dominicana-Arrestan a 20 personas acusadas de participar en una estafa millonaria a través del programa social Quédate en Casa

Por Manuel Vólquez

Santo Domingo, 5 may (INS).- Las autoridades sometieron a la Justicia a 20 personas acusadas de participar en la presunta defraudación millonaria al programa gubernamental de asistencia social Quédate en Casa, acción que implica la sustracción de RD$294 millones (5,165,580 millones de dólares) desde que se inició el plan en abril de 2020.

Asimismo, reportaron la existencia de un entramado societario de corrupción administrativa promovida por proveedores del Estado dominicano en complicidad con algunos funcionarios.

En el primer caso, alrededor de 125 mil denuncias de retiro de los fondos de beneficiarios del programa se investigan a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat), a solicitud de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).

Los expedientes enviados a la Justicia contienen un reporte considerable de transacciones hechas en diversos negocios del Distrito Nacional y provincias de todas las regiones, las cuales no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad, usadas como medio de pago en esas transferencias monetarias irregulares.

Las estafas se ejecutaban en comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS), específicamente en colmados y almacenes, pues nunca se registró clonación de datos en las grandes cadenas de supermercados, de acuerdo con la directora de la Adess, Digna Reynoso de Pacheco.

“Hay miles de personas que solo tuvieron acceso al primer pago del Quédate en Casa y nunca más pudieron hacer uso del beneficio, porque robaron sus datos. Gente que vive en la capital y aparecía que había consumido el pago en Jimaní, por ejemplo”, explicó.

Ese programa fue implementado en abril de 2020 durante el régimen de Danilo Medina, para socorrer económicamente a miles de empleados y personas de bajos ingresos debido a la crisis sanitaria en el país causada por la pandemia Covid-19, que motivó al cierre de cientos de empresas comerciales y otros negocios.

Aproximadamente RD$75,601 millones (1,328 millones de dólares) se han destinado a ese plan, que subsidió a 1.5 millones de hogares, identificados como pobres o vulnerables.

Reynoso de Pacheco indicó que en el caso hay implicados propietarios de comercios y personas que se asociaron para defraudar los recursos asignados a beneficiarios y que se está sometiendo a la Justicia cada caso con las pruebas documentales.

De las 125 mil denuncias de estafa, alrededor de 59 mil beneficiarios del subsidio han presentado la querella formal ante las autoridades. La sustracción de los recursos comenzó a reportarse en mayo del pasado año.

A principios del mes pasado, la jueza titular de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia San Pedro de Macorís (región Este), Darlys Altagracia Eusebio, impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a cuatro hombres acusados de robar las transferencias monetarias del programa.

Se trata de Oscar Eduardo Reyna Moreno, Junior Steel Echavarría Días, Alexander Santos Velázquez y Juan Alberto Martínez Ramírez, que fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, a solicitud de la fiscal Zuleyka Mateo Torres, de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de esa localidad.

El pasado lunes, la jueza María Consuelo Valenzuela, titular de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona (región Sur), impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción, en contra del señor Manuel Aquilino Ferreras Reyes, propietario del colmado La Gran Parada, señalado como uno de los comercios que han participado en la supuesta defraudación millonaria al programa de asistencia social “Quédate en Casa”.

Por otro lado, el director de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, consideró este martes que cuando se habla de corrupción en compra y contratación con el Estado, el régimen de consecuencias solo debe recaer en el funcionario, sino también en los proveedores.

“Siempre que se habla de contrataciones y de la legalidad, trasparencia y lucha contra la corrupción, el foco por lo general está puesto en el funcionario y debe ser así, pero hay que decir que alrededor de la administración pública hay un entramado de proveedores que han vivido históricamente del Estado y que se articulan alrededor de determinadas instituciones para generar presión”, dijo el funcionario en el programa de radio La Opción de la Mañana.

Declaró que desde esa institución estatal han identificado distintas empresas proveedoras “cuyo historial de contrataciones con el Estado es cuestionable”.

Pimentel precisó que la dimensión de la colusión en la República Dominicana se está viendo muy de cerca “gracias a un sistema automatizado que da alerta, diseñado en la Dirección General de Compras y Contrataciones”.

Explicó que la colusión se da cuando los mismos accionistas crean distintas razones sociales (compañías satélites) para participar en procesos de contrataciones del Estado y generar ofertas de precios, “o cuando tú tienes un proveedor que participa en un proceso con una oferta económica que está en un precio que nadie puede competir con él y cuando se le adjudica, entonces renuncia a esa adjudicación para que caiga al segundo que tiene un precio mucho más elevado”.

Sostuvo que esa es la razón por la que desde buscan modificar la ley de Compras y Contrataciones, para que incluya, incluso, sanciones para las ofertas temerarias que, según explicó, están tan por debajo del precio que los mismos proveedores que participan en ese renglón alegan imposibilidad de ejecutarlas. INS 

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