P. Rico-DACO se pronunciará en la Cámara sobre el aumento del gas licuado

San Juan, 4 may (INS).- El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  se pronunciará hoy en la Cámara sobre el aumento del gas licuado, en una audiencia pública de la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros sobre la resolución de la Cámara 219.

La medida investiga la violación a los procedimientos del DACO en el aumento del precio de venta el pasado diciembre de 2020 del tanque de gas licuado por parte de los importadores, así como la justificación expresada para el aumento.

La audiencia pública se iniciará a la 1:00 de la tarde en el salón audiencias 5 del segundo piso del anexo de la Cámara y se realizará la transmisión en vivo por Facebook/Cámara de Representantes.

Están citados el DACO y la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico (Fedigas). 

La Federación publicó en la prensa un anuncio pagado en el que alertaron al gobernador y a la legislatura de que el 5 de enero pasado los importadores impusieron un aumento de cinco dólares en el cilindro de cien libras de gas licuado, que sumados a los aumentos del 2019, sumaban 18 dólares.

Según la organización, “todo esto, luego de que Puma Gas cediera sus operaciones a Empire Gas, con DACO resultando inoperante a favor de los intereses de consumidor, pues se impuso una multa muy por debajo del máximo que permite la ley».

La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión, señaló que a juicio de la Fedigas, y según sus pronunciamientos públicos, el DACO ha reconocido que los precios del gas licuado en Puerto Rico es producto de la poca competencia a nivel de importación y distribución y que las leyes vigentes limitan el campo de acción de la agencia. 

«El pasado 27 de abril, el secretario del DACO, Ednan Rivera Rodríguez, divulgó un informe sobre dicha industria, donde se evidencian los principales problemas del mercado, y admite que la agencia tiene poco campo de acción a nivel legal», indicó la legisladora. 

Concretamente, el informe señala que en el caso específico del tema monopolístico, son poderes que según la legislación vigente, corresponden al Departamento de Justicia, al que el DACO ha hecho los referidos correspondientes. 

«Como parte de nuestra investigación, estamos analizando la legalidad vigente y si hay que enmendar leyes para actualizar la situación, lo vamos a hacer. Yo no tengo duda en que vamos a tener el respaldo de los compañeros legisladores y del gobernador. Todos apoyamos la libre empresa, pero tiene que haber unos parámetros que impartan justicia a los consumidores», afirmó Martínez Soto.INS

lp