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La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. /Inter News Service
San Juan, 3 may (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) criticó hoy la decisión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, de crear comité para evaluar documentos, información y grabaciones de vistas celebradas en Tribunal de Caguas sobre casos de violencia doméstica y opinó que con la medida se “ejerce una presión indebida”.
Según el Caapr, “la ola de violencia que atraviesa el país es preocupante y requiere del esfuerzo, compromiso y atención de todos los sectores del país, particularmente de aquellos que formamos parte del sistema de justicia y somos voz dentro de sus componentes. Sin embargo, debemos recordar que la función judicial se rige por unos cánones de ética y un compromiso de verticalidad y justicia, lejos de presiones indebidas o influencias por el clamor público”.
El Colegio consideró que “las expresiones de la honorable jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz, además de mencionar una preocupación genuina sobre la situación que atraviesa el país, emite juicios y da directrices sobre la función ejercida por un honorable juez lo que a nuestro juicio envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y ejerce una presión indebida sobre los juzgadores de futuros casos de solicitudes de órdenes de protección y delitos de Ley 54”.
En declaraciones escritas, la institución señaló además que “las determinaciones judiciales tienen establecidos los foros apelativos para que acudan aquellas partes que resultaron desfavorecidas y no están conforme con la decisión emitida por el juzgador de hechos”.
Sobre la conducta de un juez que se distancia de su función y los cánones de ética judiciales, el Caapr recordó que “existe ya un sistema disciplinario donde se investigan las querellas presentadas relacionadas a sus actos. El juez tiene la función de aquilatar la prueba de forma imparcial, libre de presiones o influencias personales, partidarias o por el clamor público como lo establece el canon 11 de ética judicial”.
Consignó que “cada ciudadano debe comparecer a los tribunales con la confianza de que el sistema de justicia y sus componentes le garantizarán los derechos a todas las partes y que cualquier decisión tomada será basada únicamente considerando la prueba desfilada y no que el juzgador temía que se iniciaran procesos en su contra por cumplir con su deber ministerial”.INS
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