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Ramón Ruiz Nieves./Inter News Service
San Juan, 7 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves, informó que cerca de medio millar de empleados públicos que cualifican para el Sistema de Retiro, no pueden irse porque reciben salarios compensados con fondos federales.
Así lo expresó en una audiencia pública ayer sobre la implementación de la Ley 80 de 2020 («Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos»)
«El Departamento del Trabajo expresó su participación en torno a la Ley 80 y descarga en que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la que tiene que tomar la determinación final para la implementación de la Ley».
Asimismo, el senador añadió que «algo bien importante es que ellos (el Departamento del Trabajo) tienen cerca de unos 500 empleados que cualifican para el Sistema de Retiro, pero no pueden irse al mismo, porque reciben salarios compensados con fondos federales».
Sobre el rol que tiene la agencia en torno a la ejecución de la Ley 80, la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo Rivera, aclaró que no posee la autoridad ni la facultad para intervenir en cuanto a la aplicación de la ley o hacer valer las cartas circulares emitidas por la OGP para la implementación de dicha Ley.
Igualmente, de la ponencia se desprende que es la OGP «la que cuenta con la información de los empleados elegibles al programa, cuáles de estos son esenciales y el impacto fiscal que representan, pues las agencias tenían la obligación de remitir dicha información dentro del término establecido».
Ruiz Nieves dijo que las agencias no han podido precisar el impacto económico que tendría la implementación de la Ley 80, por lo que el senador comentó que estará citando nuevamente a la OGP, ya que «le faltaba una data final, de cuánto es el ahorro significativo y cuánto cuestan esos empleados que se van a ir por el Sistema de Retiro. Además, nos tienen que certificar lo de los fondos federales».INS
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