R. Dominicana-Departamento de Estado de EEUU dice que la corrupción del poder judicial fue un problema grave durante el gobierno de Medina

Santo Domingo, 31 mar (INS).- Un informe del Departamento de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en la República Dominicana para el año 2020 revela que en el país, durante el año pasado, el Gobierno “no respetó la independencia e imparcialidad judicial”, resaltando además que también ejerció influencia en decisiones judiciales.

Dice que estas interferencias variaban entre el “enjuiciamiento selectivo”, hasta el descargo de casos en medio de alegaciones de soborno, usualmente cuando se trataban de casos de corrupción de alto nivel.

“La corrupción del poder judicial fue un problema grave”, indica el reporte cuyo contenido fue reseñado este miércoles por el periódico local Listín Diario.

Además, en el documento se detalló que la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunció que la forma más frecuente de injerencia en asuntos judiciales se desarrollaba cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los apresados.

Afirma que el pasado año fue marcado por la pandemia del Covid-19, por la transición de la administración de Danilo Medina a la de Luis Abinader, y la subsecuente implicación en investigaciones de la a Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a varios funcionarios del anterior gobierno.

Ese informe determinó, según cita el referido impreso, que algunos servidores públicos realizaban actos de corrupción administrativa que quedaban impunes con frecuencia, asegurando que las autoridades no imponían las sanciones de lugar para castigar esas situaciones.

Asimismo, afirmó que en repetidas ocasiones las organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaban acciones de esta índole y que, aun así, la corrupción gubernamental continuó siendo un problema grave en República Dominicana.

“La ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios. El gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad”, indica el escrito.

De igual manera, revela que la falta de voluntad política fue el principal obstáculo para que las investigaciones fueran llevadas de manera satisfactoria, principalmente si se trataba de empleados públicos o personas con conexiones en el Estado dominicano.

Entre los casos de corrupción en curso durante el 2020, y que fueron resaltados en el reporte, está el de 92 millones de dólares en sobornos promovidos en el país por la constructora brasileña Odebrecht, y el denominado caso “Antipulpo”, donde fueron involucrados varios exfuncionarios de la administración de Danilo Medina, incluyendo a dos hermanos suyos.

El reporte dice que, a pesar de la percepción generalizada de que ese proceso judicial era un paso positivo en la lucha contra la corrupción, activistas se quejaron de la mencionada falta de voluntad para investigar a fondo las irregularidades atribuidas a varios exfuncionarios.

Otra de las quejas de las ONG contempladas dentro del informe es el uso de los trabajos gubernamentales a modo de clientelismo, así como las acusaciones de que empleados públicos gozaban de un salario proveniente de las arcas del Estado, sin ejercer sus funciones.

Como ejemplo pusieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que a finales de septiembre del 2020 destituyeron a 781 empleados, con el argumento de la institución de que estos no cumplían con las funciones o el perfil requerido para lo que fueron contratadas.

Con esas destituciones la Cancillería aseveró que tendría una reducción en gastos mensuales que sobrepasan los 222 millones (3,898,156 dólares) y que al año podría suponer un ahorro de hasta 2,672 millones del presupuesto (equivalentes a 46,9 millones de dólares). INS 

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