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Transformar el sistema eléctrico del archipiélago de Puerto Rico y tener impactos positivos para las futuras generaciones ha sido una agenda histórica de trabajo público, aunque su prioridad no se hace realidad todavía de manera efectiva y sostenible./Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 19 mar (INS).- En 2014 se aprobó la Ley de Transformación y Alivio Energético, que por primera vez crea el Negociado de Energía, un ente regulador independiente capaz de fiscalizar y darle cumplimiento a la política pública energética de Puerto Rico.
Cinco años después, en el 2019, se aprueba, y de manera bipartita, la Ley de Política Pública Energética, que en síntesis crea la meta de alcanzar un 100% de generación por fuentes renovables para el 2050.
Transformar el sistema eléctrico del archipiélago de Puerto Rico y tener impactos positivos para las futuras generaciones ha sido una agenda histórica de trabajo público, aunque su prioridad no se hace realidad todavía de manera efectiva y sostenible.
Se ha reconocido que es de suma importancia para los puertorriqueños que se pongan en vigor metas trazadas en el Plan Integrado de Recursos («PIR») de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) según lo modificó el Negociado de Energía.
Procurar que en Puerto Rico haya un sistema de electrificación que sea limpio y amigable con el ambiente, pero que, además, sea confiable, resiliente y sustentable al propósito de poder revitalizar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, requiere grandes transformaciones y capacidad inventiva que nos libere de la adicción a los hidrocarburos.
Esta transformación requiere compromiso con la meta de llevar a cabo la planificación de recursos energéticos en el marco de un horizonte extendido a 20 años con la intervención de la academia y las fuerzas vivas de la sociedad civil.
Esta colaboración de amplios sectores de la sociedad en un modelo de transparencia fundamental para la credibilidad y confiabilidad en los procesos desarrollados por las instituciones públicas encargadas de ejecutar la política energética de Puerto Rico.
Buscar agresivamente integrar fuentes de energía renovable que le dan confiabilidad y sustentabilidad al sistema y mitiguen los efectos del cambio climático para pasar de fuentes de combustibles fósiles a renovables, reduciendo así los impactos nocivos al ambiente y la salud pública, parece haberse convertido en una agenda inconclusa. debido a la interferencia de intereses económicos que no desean el cambio.
No se puede permitir que intereses políticos interfieran y pongan obstáculos en el camino ya trazado. Las comunidades puertorriqueñas piden respeto y no tolerarán que se alteren los procesos adjudicados para darle paso a proyectos energéticos que por un fin económico nos pueden llevar de regreso al pasado.
Urge a todos continuar procurando espacios de discusión para enriquecer los procesos que eventualmente dirijan a Puerto Rico hacia la dirección correcta para lograr su meta energética.
Se necesita eliminar las interferencias políticas para garantizar credibilidad y consistencia en la toma de decisiones que dejen una huella en el futuro integral y abarcador de las islas del archipiélago de Puerto Rico, porque ni Vieques ni Culebra pueden quedar fuera de la transformación energética.
Es indispensable utilizar, tomando como parámetros, los procesos que cuidadosamente se han estructurado en otros países que debemos emular, tomándose como ejemplo.
La nueva administración gubernativa del gobernador Pedro R. Pierluisi tiene el deber inequívoco de hacer las cosas correctamente y cumplir con las metas de una nueva política energética. INS
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