P. Rico-Buscan proteger legalmente de reclamaciones de responsabilidad civil a individuos y organizaciones que de buena fe prestan servicios a ciudadanía, como parte de esfuerzos de socorro durante declaraciones de emergencia emitidas por gobierno

San Juan, 1 mar (INS).- El representante Orlando José Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, encabeza las audiencias públicas para examinar el proyecto de la Cámara 18, que busca enmendar la llamada Ley del Buen Samaritano, para proteger de reclamaciones de responsabilidad civil a individuos y organizaciones que de buena fe prestan servicios a la ciudadanía como parte de los esfuerzos de socorro durante declaraciones de emergencia emitidas por el gobierno.

A la medida, de la autoría del también abogado, se unió la delegación popular en la Cámara y genera una relevancia adicional ante la pandemia del Covid -19. 

Uno de los deponentes, la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, estuvo representada por Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional, quien vio con buenos ojos la iniciativa y recomendó que la protección de hiciera extensiva sus empleados y voluntarios, así como a otros componentes de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja. 

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, por medio de Víctor Ramos Otero, endosó la medida y entre otras recomendaciones, solicitó una enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para obligar a las aseguradoras a pagar el 90% en las reclamaciones mientras haya un periodo de emergencia en Puerto Rico declarado por el gobernador. 

«Las aseguradoras han utilizado las emergencias como excusa para retener injustificadamente los pagos a los médicos y otros profesionales de la salud», aseguró Ramos Otero.

Otro de los deponentes fue la Asociación Puertorriqueña de Voluntarios de Servicios de Emergencias, una organización con 51 grupos activos en esa práctica, de los 75 estimados que hay en Puerto Rico, presentaron recomendaciones para añadir al texto legislativo. 

Mientras, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) compareció el secretario Alexis Torres, representado por José Colón Grau, comisionado del Negociado de Emergencias Médicas de Puerto Rico y Miguel Candelario Piñeiro, de la oficina de asuntos legales del Departamento de Seguridad Pública. «Entendemos que este proyecto de la Cámara 31 será de gran ayuda cuando alguna persona jurídica, organizaciones profesionales provean servicios de emergencia. El DSP no presenta reparo alguno», lee la ponencia del secretario Toro.

Por parte del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico depuso Inés García, catedrática y miembro del Comité de Política Pública de la institución universitaria. 

En su ponencia, firmada por el rector Segundo González Quilichini, expresa un endoso a la medida, condicionado a ciertas enmiendas relacionadas a especificar términos y condiciones. 

El Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por medio de la profesora Ideliz Rodríguez Avilés, directora de programas educativos, recomendó la aprobación de la medida: «Una vez convertido en ley, promoverá que más entidades dedicadas a la prestación de servicios de salud puedan ofrecer ayuda ante una emergencia de manera responsable, sin el temor de estar sujetos a una causa de acción civil».INS

lp