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El presidente Luis Abinader ofrece detalles sobre el Pacto Eléctrico. A su derecha, la vicepresidenta Raquel Peña./Inter News Service
Santo Domingo, 25 feb (INS).- El gobierno y otros sectores firmaron el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, un proyecto que consiste en una hoja de ruta que llevaría ese renglón hacia un ente competitivo, confiable y sostenible, después de 50 años de crisis en el servicio eléctrico que ha padecido la República Dominicana.
Se pretende con ese consenso mejorar la eficiencia de las empresas distribuidoras públicas y acabar con el “grave” déficit financiero, las distorsiones y sobrecostos del consorcio.
La rúbrica del pacto se realizó ayer en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, y el mismo se logró tras años de discusiones entre el Estado y los sectores políticos, económicos y sociales.
La firma de esta iniciativa fue pospuesta en dos ocasiones, el 21 de diciembre de 2017 y el 20 de febrero de 2019 por diferencias entre algunos sectores.
Apuntó el mandatario que el pacto firmado hoy “no es perfecto” y que él mismo está en desacuerdo con algunos puntos, que se debatirá próximamente, El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reconoció que los “dominicanos pudieran pagar una energía a menor costo si limpiamos el sector eléctrico de algunas distorsiones” pero para ello se requiere “no solo la aplicación de la ley si no el cambio de algunas normativas”, lo que está establecido en el acuerdo.
“El pueblo dominicano tiene que saber que el sector eléctrico hoy es deficitario”, dijo el gobernante, quien señaló que en el presupuesto general de este año hay consignado 58,000 millones de pesos (1,002,385,000 dólares) para atender el déficit de electricidad, lo que, afirmó, “es insostenible en el tiempo”.
Dijo que esa deficiencia “es la responsable de la mitad de la deuda del sector público no financiero de la República Dominicana, pero además tenemos una energía que no es competitiva y que tampoco es confiable”.
La rúbrica de este documento fue motivo de tediosos y largos debates en el que las fuerzas políticas y la sociedad civil no lograron un consenso.
Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas (MEM), explicó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) procedió a la firma porque varias de sus demandas para el desarrollo de este sector cuando eran oposición, las están ejecutando ahora que están en el poder.
El convenio fue suscrito, además, por los ministros de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y José Paliza; Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte; el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio; y Celso Marranzini, director ejecutivo del Gabinete Eléctrico.
En ese contexto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) valoró positivamente los esfuerzos conjuntos de los actores nacionales que hicieron posible la concretización de ese tratado, “que tiene como principal objetivo solventar el déficit energético de los últimos años y generar las condiciones para evolucionar hacia un sistema eléctrico eficiente, confiable y competitivo, que proporcione mayores niveles de desarrollo y progreso al país”.
Enfatizó que la suscripción de este contrato da respuesta al mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y se constituye en un paso esencial para responder las demandas actuales.
Planteó que el trato “permitirá aumentar nuestra capacidad para enfrentarnos a una nueva realidad, en donde la tecnología y la sostenibilidad son elementos imprescindibles para ser más productivos y acceder a nuevos mercados comerciales”.
Destacó la importancia del proceso de concertación sostenido entre el Gobierno, partidos políticos, el sector privado, el sector laboral y el sector social, cuyos diálogos abiertos y transparentes permitieron arribar a los pactos que harán posible la transformación del sistema eléctrico actual de la República Dominicana.
Finalmente, recalcó que el éxito de la implementación de esta iniciativa dependerá del compromiso de cada uno de los actores con el cumplimiento de las acciones a ejecutar tras su firma y que, para ello, los mecanismos de seguimiento y veeduría tendrán un rol preponderante. INS
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